El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, expuso este miércoles seis ejes con los que el Gobierno plantea la reforma del sistema judicial. La propuesta surge después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) identificara “problemas estructurales endémicos” y sugiriera cambios. 

"Un requisito indispensable para reformar la Justicia es que la hagamos todos los bolivianos, que todos sean escuchados y que nadie quede fuera del proceso de reforma. (...) No es un proceso que pueda durar ni tres meses, ni 10 años, sino que tiene que tener fechas y datos concretos para que pueda llevar a resultados al país", sostuvo Lima, en rueda de prensa.

"Tengamos una nueva justicia penal en 90 días. ¿Esto qué implica? Primer paso normativo, reponemos el Código del sistema penal, no en la parte de delitos sino solamente en la parte de procedimientos. Necesitamos un nuevo procedimiento que entienda que un problema estructural de la justicia penal en Bolivia es la investigación policial y el rol del Ministerio Público", agregó. 

El primer eje es en el denominado “Balanceo del conflicto”, que consiste en la distribución “uniforme y estratégica” de jueces en el país, de acuerdo con la cantidad de población y materia judicial.    

"Resulta que tenemos en el departamento de Santa Cruz un juez por cada 18 mil habitantes y en Chuquisaca uno por cada 8.500. Hay una grave distorsión en la manera en la que distribuimos los 1.098 jueces que tiene el país. Hay que incrementar la cantidad de jueces, pero hay que debatir en cada departamento qué tipo de Justicia se requiere y qué necesidades tiene cada departamento", explicó Lima. 

Este tema va relacionado con el segundo eje que promueve el acceso a la justicia para toda la población y en igualdad de condiciones. 

"En las provincias del país no existen abogados, no existen en este momento todo lo que tenemos en las ciudades. Tenemos códigos para las ciudades y es necesario que generemos una política pública clara que le dé acceso a la justicia a los bolivianos. Este país tiene 175 municipios que representan 1,2 millones de bolivianos que no tienen ni juez, ni fiscal, ni defensor público, ni nada que se parezca a Justicia", indicó el ministro. 

Respecto a la independencia judicial, el Gobierno propone en un tercer eje la promoción y fiscalización de procesos "meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales" para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público. 

"Los jueces entran en este país y no salen del cargo hasta que terminan con un proceso penal muchas veces o hasta que se jubilen. Los juzgados se han vuelto un lugar en el que el ciudadano no puede plantear críticas, no puede plantear denuncias, no puede plantear ninguna acusación por corrupción. (...) Independencia judicial significa que los ciudadanos tengan justicia que esté sujeta a evaluación permanente del pueblo".

El cuarto punto se centra en la transformación digital con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial; mientras que el quinto habla de las políticas públicas y normativas necesarias para impulsar esta reforma. 

Finalmente, Lima expuso el sexto eje que se refiere a la transparencia institucional. Para ello se buscará ampliar el acceso a la información, control y participación social. 

"La reforma no es pedirle al fiscal que se vaya a su casa ni pedirles a los magistrados que renuncien. La reforma es más profunda, la transformación de la justicia necesita una construcción en unidad. Este es un proceso que vamos a hacer todos los bolivianos en conjunto y quien quiera presentar una propuesta va a ser escuchado", destacó Lima. 

"El Gobierno nacional propone una socialización de la reforma judicial. (...) Iniciamos este proceso mañana en la ciudad de Oruro. Van a estar presentes los magistrados, los fiscales, los movimientos sociales, los abogados y vamos a presentar estos ejes de la reforma y vamos a escuchar lo que está pensando Oruro. Este es un primer paso que se va a dar en todos los departamentos. (...) Proponemos que todas estas actividades de recolección y socialización dure 30 días".