El Ministerio de Justicia presentó este miércoles un plan estratégico de seis ejes para reformar la justicia boliviana, que es constantemente cuestionada y que en los últimos días incluso fue criticada de manera expresa por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Es así que el primer eje consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a calidad del servicio judicial.  

Pues, en la actualidad, a nivel nacional hay en promedio un juzgado por cada 8.361 habitantes y de esa cifra global, en ciudades capitales, se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098.

En el segundo eje se establece la necesidad de promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones.

Se plantea que la constitución de este sistema de acceso se base en la demanda real de justicia estableciendo una red de trabajo integral entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil.

Por lo que también se remarca la necesidad de asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para su acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje.

En el tercer punto, se propone “buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público”, destaca una nota informativa del Ministerio de Justicia.

En ese sentido se reitera que es necesario garantizar la carrera judicial institucionalizada, a través del desarrollo de procesos participativos con actores nacionales e internacionales. Según el Consejo de la Magistratura, en la actualidad, de un total de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y 33 (3%) son acéfalos.

En el cuarto eje, el plan estratégico del Gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial “con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas y expertos en inteligencia artificial”.

Mientras en el quinto eje, referido al desarrollo normativo, se tiene previsto implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia, como la Ley de modificaciones a la Ley 004 contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz; el proyecto de ley de modificaciones de la Ley 044 de juicios de responsabilidades; el proyecto de ley de modificaciones de la Ley 1104 de creación de salas constitucionales; proyecto de ley de modificaciones de la Ley 025 del Órgano Judicial; proyecto de ley del servicio de Derechos Reales; modificaciones a la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; y la Ley de Jurisdicción Agroambiental.

Y, finalmente, se busca promocionar la ética y consolidar la transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información, control y participación social y el uso de tecnologías de información.