El contralor Henrry Ara defendió ayer las capacidades técnicas de su institución para realizar una auditoría electoral, luego de haber señalado que el Informe de Integridad que presentó la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió con el pacto establecido con el Estado respecto a los fallidos comicios de 2019.

De hecho, esa opinión técnica ya fue emitida, según reveló la autoridad, a requerimiento de la Procuraduría General del Estado y la Cámara de Diputados, dominada por el MAS. El pronunciamiento de Ara salió a la luz 22 meses después de las elecciones, cuyos resultados fueron revisados por la OEA a través de un procedimiento respaldado por la Unión Europea.

El organismo interamericano detectó “manipulación dolosa” de los datos en las elecciones de 2019 para permitir que Evo Morales no tenga que participar en una segunda vuelta electoral con Carlos Mesa. El informe de la OEA también halló falsificación de las actas y serios problemas en la cadena de custodia de los votos.

“Hemos podido evidenciar que no se cumplió con el convenio, puesto que este establecía en su parte fundamental que la OEA iba a realizar una auditoría pronunciándose sobre el cómputo final, sobre la revisión de actas y presentando datos estadísticos sobre el resultado de las elecciones, además, debía utilizarse normativa boliviana”, explicó el contralor.

El abogado constitucionalista Carlos Börth observó que los aspectos electorales y los acuerdos internacionales están fuera de la competencia de la Contraloría, cuyo mandato tiene que ver con la transparencia de los fondos públicos a través de la Ley 1178, también conocida como Safco.

Ara insistió que la entidad cuenta con “los únicos profesionales capacitados” para hacer auditorías, razón por la que plantean modificar esta normativa de manera “que se puedan ampliar sus competencias” a otras áreas.

De este modo, recalcó que el trabajo del organismo internacional “carece de los elementos técnicos de una auditoría”, pues, “más parece un informe hecho por gente experta en elecciones, pero no en auditoría”, como tal.

El procurador Wilfredo Chávez solicitó a la Contraloría hacer una “verdadera auditoría” a las elecciones anuladas de 2019. En ese marco, retó a revisar las 35.000 actas de ese proceso electoral para constata que “no hubo fraude”.

Polarización

Tras la victoria de noviembre de 2020, el gobierno de Luis Arce y el MAS desplegaron varias estrategias para desactivar el caso fraude que el Ministerio Público instaló el mismo día que se conoció el informe de la OEA, según el comunicado del 10 de noviembre.

Precisamente, la Fiscalía pagó $us 30.000 al laboratorio Bisite de la Universidad de Salamanca para una pericia informática. Los especialistas, que trabajaron con evidencias proporcionadas por la Fiscalía, no hallaron rastros de “manipulación”, aunque el director der esa entidad, Juan Manuel Corchado, afirmó que “se cometieron errores imperdonables”.

El Gobierno también quiere denunciar el acuerdo con la OEA en la Corte Internacional de Justicia.