Desde antes de que se lleven a cabo las elecciones de 2019, cuando Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia y se consumara el golpe de facto en el país, la derecha utilizó una serie de acusaciones sin fundamentos y, sobre todo, impuso un discurso, ayudada por algunos medios de oposición, de un supuesto fraude electoral, mucho antes de que los ciudadanos vayan a las urnas.

Este discurso, magnificado por el primer candidato opositor a Evo Morales, Carlos Mesa, se fue tejiendo de tal manera que una parte de la población, pese a conocer los resultados oficiales de los comicios, no quiso aceptar los resultados y salió a las calles cuando los discursos alborotados no tenían sustento alguno.

Era evidente que Mesa, al igual que la poca oposición que había en ese momento, sabía que los resultados no iban a ser favorables, por lo que decidieron utilizar las mentiras para justificar lo que se venía luego, la imposición de una presidenta que no cumplió los pasos establecidos por las normas, como lo aclara el informe del GIEI y que en el abuso de sus atribuciones decidió perseguir a los políticos afines al MAS, encarcelar a quienes no estaban de acuerdo con su régimen y levantar armas, en el uso desproporcionado de la fuerza, en contra de la población boliviana.

Los resultados fueron nefastos, 38 personas muertas, cientos de heridos, encarcelamientos absurdos y la pérdida de la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional, sin contar el daño económico producido al Estado, en medio de actos de corrupción que por poco sepultaron a las empresas bolivianas, llevando al país a uno de sus peores momentos por la recesión económica y la alta tasa de desempleo.

Luego llegó otra mentira más, que fue el informe de la OEA, que incumplió una serie de tratados con Bolivia y sólo sirvió para aumentar el calor de los conflictos en el país, generando inestabilidad en todas las regiones y reavivando viejas tendencias racistas, persecución y amedrentamiento a los medios.

Ahora, casi un año después de que los resultados de las elecciones dieran la razón al Movimiento Al Socialismo (MAS), quien ganó indiscutiblemente en 2020, la oposición aún insiste en sus acusaciones infundadas y discursos que tratan de justificar sus acciones en el pasado.

Sin embargo, en el momento en que se pide las explicaciones o incluso las pruebas, dan un paso al costado y no quieren aceptar las investigaciones para probar su discurso. Un claro ejemplo es el desafío del Procurador General, quien retó a la derecha a revisar las actas electorales una por una, con tal de confirmar o descartar estos hechos La respuesta era la esperada, no quieren hacerlo.

Mesa es el claro ejemplo, desde hace rato habla de un fraude en 2019, pero nunca mostró un solo documento o indicio que respaldara sus palabras o la de sus colegas, al igual que exautoridades, muchas de las cuales ya fugaron del país.

“El historiador golpista habla de fraude, pero se niega a presentar pruebas. Ofrece enjuiciar a su cómplice Jeanine Áñez, pero pide liberarla. Habla de reformar la justicia, pero exige cuoteo. Reclama debido proceso y se niega a declarar en la Fiscalía. Mesa es el fraude monumental”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

La justicia aún investiga estos hechos. Lo que para los opositores, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y las autoridades de la Iglesia Católica se trata de persecución política, para las víctimas y familiares de los fallecidos en 2019 se trata de justicia. Lo que hay que tomar en cuenta es que, mientras poco a poco se destapan los hechos irregulares y se demuestra con auditorías, documentos y otros elementos fehacientes que sí hubo golpe y masacres en Bolivia, la derecha se sigue escudando en discursos vacíos, sin pruebas, sin argumentos y lo peor, sin ganas de querer demostrar sus acusaciones.