La libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo por el caso denominado golpe, se complica tras un nuevo proceso en su contra, esta vez por acoso político, y otras medidas que apuntan a un juicio de responsabilidades y establecer si su nombramiento como Primera Mandataria del país está acreditado.

Entre tanto, las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se encuentran en La Paz con dos objetivos: realizar un ampliado para determinar futuras acciones para exigir justicia y participar de una vigilia rechazando su posible liberación.

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty anunció ayer que se ampliará la denuncia contra Áñez por el delito de acoso político ya que, en noviembre de 2019, según declaró en RTP, le impidió a ella y otros legisladores entren al Parlamento, cohibiendo su derecho al trabajo.

“A nosotros nos han puesto tres cadenas, los de la UTOP nos han detenido, nos han pateado al Parlamento no nos han dejado entrar. Yo pido eso porque soy víctima de eso, que no me ha dejado entrar a mi fuente laboral”, aseveró.

La parte legal de Patty, en ese sentido, señaló que la denuncia es en primera instancia contra Áñez debido a que fue ella la que se benefició de esa situación, pero seguirá con la denuncia por el caso golpe contra el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y otros por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales.

No obstante, el abogado de la expresidenta, Luis Guillén, aseguró, citado por ERBOL, que la ampliación de la denuncia no corresponde debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) nunca fue cerrada.

Advirtió que la ampliación de la denuncia tiene la intención de que se divida, una vez más, el caso denominado golpe de Estado y así prolongar su detención preventiva que en principio era hasta septiembre, pero luego se desdobló y la justicia determinó a inicios de agosto otros seis meses por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Explicó también que, de abrirse este otro proceso, podría ser derivado a un juzgado de violencia contra la mujer, mientras que los anteriores dos casos están en juzgados penal y anticorrupción.

OTRAS INSTANCIAS

Por otro lado, a través de un requerimiento del 25 de agosto, firmado por el fiscal Omar Mejillones, se solicita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se informe si Áñez fue nombrada como Presidenta del Estado y, de ser así, en qué fecha ocurrió y cuál era la resolución, además sobre la emisión de su credencial. También se pide que otorgue una doble copia de inscripción y acreditación a una sigla política de la exmandataria en el marco del caso denominado golpe.

La entidad electoral, según el mismo documento, tiene un máximo de 48 horas para responder ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

A su vez, se prepara el juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de una polémica por presuntos sobornos que se denunció desde Comunidad Ciudadana (CC).

El Movimiento Al Socialismo (MAS) como bancada mayoritaria requiere el apoyo de 15 legisladores de oposición para alcanzar los dos tercios.

La jefa de bancada de CC, Andrea Barrientos, denunció, según ERBOL que hubo intento de soborno a al menos cuatro parlamentarios opositores. La primera en alertar de esta situación fue la diputada Samantha Nogales, quien indicó que le habían ofrecido “sueldo” para aprobar el juicio.

Desde el oficialismo le restaron credibilidad a la acusación y advirtieron con llevar el caso ante la Comisión de Ética si no se identifican a los responsables de este delito.

Advirtió que el gobierno recurre a las prácticas de la “vieja política”, cuando hacían circular “maletines” para obtener sus cometidos por lo que pidió garantías plenas para todos los asambleístas “para que no haya intentos de “compra”, coerción, ni ataques mediáticos”.

Para el senador Leonardo Loza, los opositores están acostumbrados a victimizarse y utilizan este tema como discurso político y engaño a la población.

A su turno, la diputada Estefanía Morales, acompañada por otras oficialistas, manifestó que la denuncia de Nogales causó sorpresa en el MAS y consideró que la acusación es falsa.

Víctimas alistan medidas por justicia

Familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba alistan un ampliado para determinar qué medidas tomar en busca de justicia y sanción para los responsables de la vulneración de derechos humanos en 2019.

Para esto, una comisión de 10 víctimas de la masacre de Sacaba llegó ayer a la ciudad de La Paz y rechaza cualquier posibilidad de liberación de Áñez. 

El vicepresidente de la Asociación de víctimas, fallecidos, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia de Huayllani, Sacaba, Roberto Jucumari, informó que se tiene previsto reuniones con representantes de las familias afectadas por la masacre de Senkata de la ciudad de El Alto.

A su turno, Ismael Marquina, otro de los representantes de Sacaba, dijo, citado por ABI, que el objetivo es tener una sola voz para exigir justicia.

Señaló que todas las personas afectadas asumirán medidas pacíficas y en caso de no ser escuchados en sus demandas de justicia radicalizarán las mismas. No descartó que se ingrese en huelga de hambre y bloqueo de caminos; sin embargo, afirmó que estas medidas serán decididas en conjunto con los afectados de La Paz, El Alto y Cochabamba.

“Hoy, iniciamos una segunda lucha”, indicó.

Asimismo, recalcó que estas manifestaciones unificadas exigirán que se juzgue a otros autores del golpe de Estado como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, además del gabinete ministerial de Áñez, jefes del alto mando policial y militar.

Apuntes

POR EDICTO

• La Fiscalía informó que ya se notificó por edicto a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón, y que una vez esperado el plazo establecido se imputará a ambos dentro del caso denominado golpe de Estado. Ambos sugirieron la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de ese año, reportó ERBOL.

• El fiscal Omar Mejillones indicó que no se ha podido ubicar a los excomandantes, a pesar de que se hicieron allanamientos en domicilios donde habrían estado, por lo cual se les notificó por edicto. Explicó que, una vez emitido el edicto, se tiene 10 días para seguir con el proceso. Señaló que en el caso de Calderón ya se cumplió el plazo y se está esperando lo mismo en el caso de Kaliman para procesarlos en rebeldía.

SOLIDARIDAD

• El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, instó a la Iglesia Católica a solidarizarse con los familiares de las víctimas y heridos de Senkata y Sacaba de 2019 así como lo hace por la situación que atraviesa la expresidenta Jeanine Áñez.

• La autoridad dijo entender la expresión democrática de los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) por expresar su solidaridad, de manera general, con las personas privadas de libertad, sin embargo, recordó que existen otras personas que necesitan también de su atención.    

• En el comunicado, los obispos cuestionaron la presunta vulneración a los derechos humanos por la situación de Áñez, detenida en el penal de Miraflores, y consideraron que el sistema judicial se convirtió en una “herramienta de revancha” en manos de quienes “detentan el poder”.

SU PALABRA

• El excomandante de la Armada Boliviana, almirante Palmiro Gonzalo Jarjury, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, cuestionó, según ERBOL, el trabajo de la Fiscalía ya que se lo estaría implicando en el caso del denominado golpe de Estado II con “reportes de periódicos” y “comunicados” de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

• La declaración del exjefe militar se dio ante la Fiscalía dentro de este segundo proceso que se investiga los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La investigación por el caso golpe fue dividida en dos casos por tipos penales distintos.