¿No tendrá alguna cosa importante que hacer el procurador Wilfredo Chávez en beneficio del país? Quiere revisar las actas de votación de las elecciones anuladas de 2019, y el propio TSE le dice que sería inútil, porque es un caso cerrado: hubo fraude.
¿O ha sido puesto en ese cargo sólo para ocuparse de satisfacer la obsesión del cocalero Morales? ¿Quién paga su salario?: ¿el Estado boliviano o el cocalero? ¿Quizá las seis federaciones? ¿O la transnacional del crimen organizado?
Desde que asumió el cargo, que le queda muy grande, sólo se ha ocupado de repetir que la cobarde fuga del cocalero en noviembre de 2019 fue resultado de un «golpe». Un golpe imposible porque, si lo pensara bien, habrían ejecutado las Fuerzas Armadas (que estaban acuarteladas) y la policía (que también lo estaba).
Los bolivianos podríamos escribir la enciclopedia de los golpes de Estado, porque los hemos vivido de todos los colores y talantes, pero jamás se podría concebir un golpe con los militares acuartelados.
Cualquier boliviano que vivió la guerra fría, e incluso antes, sabe que los golpes como Dios manda se dan con los militares en las calles, apresando a los derrocados, cerrando el congreso, mientras los medios estatales difundían marchas militares como fondo musical de proclamas leídas por locutores de voz marcial, anunciando otro día de gloria para la patria y aclarando que la constitución sería respetada, «salvo en aquello que contradiga los propósitos de esta revolución».
El 11 de noviembre de 2019 no hubo nada de eso. Sólo el ruido de un avión mexicano que llegó al Chapare para llevarse al primer cocalero que había ocupado el cargo de presidente del país y que había decidido huir deprisa, perdiendo los calzoncillos, mientras ordenaba a sus huestes incendiar la ciudad de La Paz.
Otro propósito del procurador, al que se dedicó en cuerpo y alma, fue negar que se hubiera producido un fraude en las elecciones del 18 de octubre de ese año, como definió la auditoría hecha por expertos de la OEA contratados por el cocalero. Un fraude que llevó a que el parlamento –con dos tercios de masistas– declarara nulas esas elecciones y ordenara al gobierno transitorio organizar otras.
Contar nuevamente las 37.000 actas de esas elecciones no serviría de nada, dice el TSE, porque se trata de un caso cerrado.
Quizá corresponda que el procurador revise el manual de sus funciones y descubra que tiene otras cosas de qué ocuparse. Y el cocalero tendría que, alguna vez, cumplir su palabra y abrir un restaurante en Chapare… antes de que se lo lleven a Guantánamo.