Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 01 de septiembre de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Las víctimas de las masacres de Senkata y Huayllani se
unieron en una sola voz para exigir justicia por todos los vejámenes que
sufrieron durante 2019. Anunciaron medidas de presión y acciones legales para
que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley.
Ismael Marquina, representante de las víctimas de la masacre
en el puente de Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, señaló que
esta unificación tiene el fin de evitar que se siga utilizando el nombre de las
personas afectadas en beneficio de otros.
“Con los familiares de los fallecidos, detenidos y heridos
vamos en una sola voz a exigir justicia, basta de artimañas y de gente
infiltrada que levanta el nombre de nosotros para beneficio personal,
exigimos nuestros derechos”, clamó.
Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de
víctimas de Huayllani, quien llegó ayer a La Paz junto a una comisión de 10
personas, dijo que las víctimas de los luctuosos hechos de noviembre de 2019 se
organizarán para evitar cualquier intento de liberación de la expresidenta
Jeanine Añez.
“No vamos a dejar en ningún momento que se la libere. Aquí
estamos los verdaderos heridos y familiares de los fallecidos. No vamos a
permitir que se la libere y, si es posible, vamos a radicalizar nuestras
medidas”, declaró.
Recordó aquel 15 de noviembre de 2019: “A mí me torturaron,
me arrastraron como perro muerto, me golpearon hasta dejarme inconsciente (…)
Aún sigo de pie y vamos a luchar hasta encontrar la justicia. Queremos ver en
la cárcel a los que han asesinado, a los que nos han lastimado”, exclamó.
Gloria Quisberth, presidenta de los familiares de los
fallecidos de Senkata, indicó que este pedido de justicia es también para que
los asambleístas aprueben el juicio de responsabilidades contra la exmandataria
de facto Jeanine Añez por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y
lesión seguida de muerte, que fueron calificados como masacres por la CIDH y el
grupo de expertos internacionales del GIEI.
“Ya se aprobó la proposición acusatoria y ahora está en la
Asamblea a un paso para que se apruebe el juicio de responsabilidades que
nosotros estamos exigiendo. Queremos justicia, no venganza; ya que muchos de
los compañeros sufrimos muchas violaciones a los derechos humanos y ahora no
podemos permitir que Jeanine Añez siga victimizándose”, afirmó.
Quisberth advirtió que si este juicio de responsabilidades
no es aprobado por los asambleístas de las tres fuerzas que conforman la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ingresarán en una huelga de hambre
con todas las víctimas no sólo de Senkata y Huayllani, sino también de Montero,
Potosí y la zona Sur de la ciudad de La Paz.
AUTOCONVOCADOS
Mediante un voto resolutivo, los autoconvocados de la ciudad
de El Alto y La Paz determinaron declararse en emergencia y piden a las
autoridades judiciales una condena para Jeanine Añez de 30 años de cárcel sin
derecho a indulto por los delitos de genocidio y que en el proceso
investigativo sobre el caso Golpe de Estado se los incluya a Carlos Mesa,
Fernando López, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, Waldo Albarracín,
Luis Larrea, Yerko Núñez, Carolina Rivera, Elio Montes, entre otros.
Además, anuncian una vigilia permanente en la cárcel de
Miraflores ante un posible riesgo de fuga de la exmandataria Jeanine Añez,
piden un trato igualitario entre las reclusas y sin preferencias de ningún
tipo, ya que en estos últimos días se generó la victimización por una supuesta
mala atención en la salud de Añez.
Freddy Rojas, representante de esta organización social,
anunció que la próxima semana bajarán en una movilización multitudinaria desde
la Ceja de El Alto hasta la cárcel de Miraflores para exigir que la
exmandataria no salga de la cárcel.
Interculturales demandan celeridad en la investigación
Cristina Galián, ejecutiva departamental de las mujeres de
Comunidades Interculturales de Tarija, pidió a las autoridades judiciales que
los hechos suscitados en Senkata y Huayllani no queden impunes y que los
procesos en contra de quienes fueron los artífices sean acelerados.
“Los delitos que cometió Añez son delitos imperdonables y no
podemos perdonar, ella tomó el Estado como propiedad suya, por lo que nosotros
estamos exigiendo que pague por los delitos que cometió y también que la
Asamblea apruebe el juicio de responsabilidades sin condicionamientos, como lo
hace ahora el partido de Carlos Mesa, otro artífice del golpe de Estado”,
puntualizó.



