El Gobierno boliviano plantea acudir por segunda vez ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), esta vez para denunciar al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por el informe sobre las anuladas elecciones generales de 2019.

“Si está claro que el acuerdo no se ha cumplido, el procedimiento no es que terminemos discutiendo indefinidamente con Almagro; alguien tiene que decir si tenemos razón nosotros o tiene razón Almagro, y el mecanismo es la Corte Internacional de Justicia, el incumplimiento del acuerdo tiene que ser demandado ante la Corte”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima, a través de un boletín de prensa de ese despacho.

El Gobierno insiste en que en octubre de 2019 no hubo fraude electoral y censuró los dos informes de la OEA, que dictaminó que hubo manipulación de los resultados en los que Evo Morales salió victorioso. El Gobierno de Morales acudió ante la CIJ en 2013 por la demanda marítima contra Chile y perdió ese juicio.

Según Lima, lo que realizó la OEA no fue una auditoría, sino un análisis de integridad electoral a todo el cuestionado proceso, explicó que este documento no cumple el principal requisito de una auditoría, no tiene una muestra del porcentaje de actas que se revisó.

Asimismo, dijo que la mayor parte de las observaciones que realizaron los técnicos de la OEA fue al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que no son datos vinculantes y recordó que el sistema fue implementado por primera vez en esas elecciones y fue a pedido de la misma OEA.

Con todos estos argumentos, Lima cree que pueden llevar a juicio internacional a Luis Almagro y demostrar en esas instancias que hubo una manipulación política de ese documento que desencadenó los conflictos y llevó a Evo Morales a renunciar a su cargo.

Almagro

De ese modo, el Gobierno boliviano tomó el desafío de Almagro para ir a un juicio internacional por este caso. El 17 de agosto fue Almagro el que publicó un tuit en el que aseguró que se debía presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Según la explicación de los abogados que atienden casos internacionales, el papel de los dos tribunales internacionales tiene sus propias características que deberían estudiar las autoridades cuando deseen plantear un proceso.

La CIJ, que es la corte que plantean tanto Almagro como Lima, es el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya (Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados. Es el Tribunal que dirimió la demanda marítima que interpuso Bolivia contra Chile.

En cambio, la CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido crímenes contra la humanidad como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

“Estamos agotando en el país los instrumentos jurídicos válidos, que van a culminar con una estrategia que demostrará la injerencia y la responsabilidad de Almagro en este problema que ha terminado con la muerte de 38 personas y no vamos a descansar hasta darles justicia (…). No vamos a ir al ritmo de Almagro, no vamos a presentar por presentar, vamos a ganar los juicios”, advirtió Lima.