El procurador Wilfredo Chávez insistió ayer con la propuesta de revisar, una a una, las actas electorales del escrutinio de las fallidas elecciones de 2019 y descartó involucrar a organismos internacionales en este procedimiento.

“Lo que queremos es zanjar esto en Bolivia y no dejarlo a un árbitro de afuera. Los bolivianos tenemos que ver qué ha pasado, como cuando pasa en la casa con los hijos, los bolivianos (lo veremos) en nuestra familia. En ese sentido, estamos lanzando esta convocatoria y este desafío a las fuerzas políticas y esperemos que se sumen”, dijo Chávez en contacto con medios periodísticos.

Un año y nueve meses después de las elecciones, la autoridad anunció el domingo que en los siguientes días se revisarán las 35.000 actas de 2019, que están digitalizadas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “para terminar con la teoría del fraude”.

Chávez había presentado un informe de la Contraloría que descalifica el trabajo que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) que halló irregularidades y “manipulación dolosa” en servidores, así como adulteración de actas que procesaron la información electoral en favor de la candidatura de la cuarta reelección de Evo Morales.

La propuesta de Chávez generó reacciones en el escenario político y despertó al TSE. Ayer, Óscar Hassenteufel, presidente de esta institución aclaró: “Los actos de un proceso electoral ya concluido no se pueden revisar. Mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión, establecido legalmente ni tampoco puede modificar acto alguno de los que ya se hubieran realizado”.

En todo caso, el presidente del TSE aclaró que la consulta de esas actas es libre y no requiere de ningún permiso especial, pero subrayó que la entidad desconoce el propósito del plan del procurador o “a que apuntan esas revisiones”.

Hassenteufel recordó que fue la Fiscalía la que comenzó con las investigaciones del posible fraude electoral y señaló que el TSE no comentará sobre las valoraciones que hizo la Procuraduría sobre la validez o no de la auditoría de la OEA sobre los comicios de 2019.

“No sería una auditoría ni en Bolivia ni fuera de Bolivia. Vamos a entender por auditoría electoral, y me remito al punto del acuerdo con la OEA que señala que ‘se hará conforme a las normas nacionales’”, afirmó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, respecto al informe que hizo la Contraloría.

La semana pasada, el Gobierno llevó el caso fraude a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, el canciller denunció la “injerencia” del secretario general Luis Almagro, mientras que Lima reclamó respeto de las decisiones del sistema judicial boliviano que validó la pericia de una entidad vinculada con la Universidad de Salamanca para descartar “manipulación informática” en 2019.

Ese día, Almagro defendió el informe de la OEA y planteó la posibilidad de llevar este caso a un tribunal internacional de controversias, que no especificó.

El expresidente Jorge Quiroga afirmó que el Gobierno fue derrotado en la OEA, mientras que Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, afirmó que los informes que exhibe el Gobierno “no taparán el fraude monumental”.