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Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: martes 31 de agosto de 2021
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió el lunes al desafío que lanzó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, de revisar “acta por acta” de las elecciones generales de 2019 en “jornadas de aclaración democrática”
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló que las
actas están disponibles en medios digitales y que cualquier persona puede
revisarlos, aunque esto no influirá en que se modifiquen los actos ya
realizados debido al principio de preclusión.
Ante esta posición, el ministro de Justicia, Iván
Lima, planteó sus cuestionamientos y recordó que una ley anuló los resultados
de las elecciones de 2019, pese a que el acto había precluido con la
firma de las actas de cómputo.
“¿No es el momento de preclusión el momento en el que los
jurados firman el acta y termina el procedimiento? Si seguimos el razonamiento,
¿cómo es posible que el acta de cómputo departamental y el oficial que también
precluyeron hubieran quedado sin efecto legal por resultado de una ley? ¿Si ha
precluido todo en el momento que firman los jurados el acta, porque luego una
ley deja sin efecto los resultados de la elección?”, planteó Lima en una entrevista
con Unitel.
Por estas observaciones, el Ministro afirmó que en los
comicios generales de hace dos años se dio una “situación irregular” y volvió
a cuestionar el trabajo que realizó la Organización de los Estados Americanos
(OEA).
“Si todo ha precluido, nadie podía haber revisado (las
actas) ni la auditoría de la OEA ni eventualmente una ley que deja sin efecto
los resultados”, señaló Lima.
El Ministro insistió que no existen actas
anuladas ni que evidencien fraude en las elecciones, por lo que respaldó
el desafío del Procurador de revisar estos documentos.
Reiteró que la OEA no se encargó de analizar las actas
sino que enfocó su auditoría al sistema de Transmisión de Resultados
Electorales Preliminares (TREP), donde encontró irregularidades, así
como la auditoría de Ethical Hacking y la pericia encargada a un grupo de
investigadores de la Fundación General de la Universidad Salamanca.



