Es censurable todo lo que ocurre en nuestro país con la administración de justicia y la consumación de crímenes, especialmente con los asesinatos cometidos contra mujeres y niños, porque casi diariamente son conocidos datos sobre el encuentro de cadáveres de mujeres. En el sentir de la población, es condenable que las fuerzas policiales no siempre puedan identificar a autores de hechos criminales contra mujeres y niños que, luego de ser vejados, son asesinados y hasta descuartizados por sádicos que no paran en su insania. La colectividad ya no confía y vive temerosa de lo que pueda ocurrir con cualquiera de sus seres queridos; no atinan a comprender cómo es posible que no haya posibilidad de que los tribunales de justicia no puedan actuar en contra de quienes violan las leyes.
Desde hace varios años se habla sobre la urgencia de “moralizar el Poder Judicial” y nada o poco se avanzó; se dijo también que los cuadros policiales serían reorganizados y nada ocurre en las filas de la institución del orden que debería cuidar con más celo la seguridad de la población.
El gobierno, casi imitando lo que anteriores regímenes ofrecieron, persiste en su idea de “reestructurar el Poder Judicial”. Pero no hay forma ni modo para llevar a cabo “siquiera tocar superficialmente al Poder Judicial”, por temor a represalias o, peor, que las respuestas sean incremento de la delincuencia. El gobierno parece sentirse incapaz de adoptar medidas punitivas contra criminales que caen presos en la policía y que, en muchos casos, solo son “alojados” por un par de días y luego liberados. ¿Qué ocurre realmente con tanta permisividad con quienes violan las leyes y hacen escarnio de la vida y seguridad de la población?
La verdad sentida por la población es que la delincuencia actúa con inmunidad e impunidad porque no son sentados precedentes aplicando las leyes sobre los autores de crímenes. Se dice que “el gobierno debería designar nuevos jueces y reorganizar la Policía”; pero, hasta ahora, todos los gobiernos han fracasado en sus intentos y habría que ver si los Colegios de Abogados, en conjunción con las universidades, pueden estudiar estos casos y sugerir las mejores soluciones; de otro modo, si no hay remedio para sentar precedentes castigando enérgicamente tanta delincuencia, el crimen seguirá indefinidamente y nadie estará seguro. Por otra parte, quienes tienen vocación para maltratar a mujeres y niños y hasta asesinarlos, deberán contener su maldad e insania y quienes sean culpables de asesinatos castigarlos con máxima severidad.
Finalmente, es de esperar que sean ciertos los anuncios de reorganizar la Policía y disponer mayor vigilancia en las ciudades; por otra parte, no ser permisivos con los criminales al extremo de liberarlos a pocas horas o días de habérselos descubierto y apresado.
Hay que lamentar que la población siente la inutilidad de pedir que senadores y diputados se preocupen de estos casos, puesto que los parlamentarios solo velan por intereses y conveniencias personales y partidarias y el país está rezagado para ellos a planos muy secundarios. De todos modos, habrá que enterarlos, el Poder Judicial es incapaz y la Policía es impotente ante el crimen.