El Informe Técnico de la Contraloría General del Estado (CGE) revela que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) violó tres de los siete puntos firmados con el Estado Plurinacional de Bolivia para la realización de una auditoría integral a los resultados de la elección presidencial del 20 de octubre de 2019.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en entrevista con radio Patria Nueva, explicó que los 33 expertos de ese organismo se limitaron a publicar de manera unilateral un estudio preliminar de análisis que detonó el golpe de Estado, la sucesión ilegal de Jeanine Añez y las masacres de Sacaba, Senkata, Pedregal, Montero y Betanzos con el asesinato de 38 personas en noviembre de 2019.

Señaló que el 22 de marzo de 2021 solicitó a la Contraloría una evaluación técnica al cumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno de Evo Morales y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que concluyó con la identificación de tres inconsistencias.

Primero: La OEA incumplió el acuerdo porque no se pronunció sobre el cómputo total de votos, no se apegó a las normas especiales de auditoría gubernamental de Bolivia y de las normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 400 (ISSAIs-por sus siglas en inglés), emitiendo un pronunciamiento sin evidencia suficiente y competente por no realizar una verificación física al 100% de las actas electorales.

Segundo: La Secretaría General de la OEA priorizó y basó su evaluación en los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en desmedro de las actas electorales, que se constituyen en el único documento oficial de escrutinio y cómputo de votos, de acuerdo al artículo 140 de la Ley de Régimen Electoral, por lo que su pronunciamiento carece de evidencia competente y suficiente.

Tercero: La Secretaria General de la OEA emitió un “informe preliminar” no previsto en el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia, no teniendo conocimiento oficial de este ente de control gubernamental de normativa específica para una auditoría electoral; sin embargo pudo haberse considerado de forma referencial las normas específicas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado y/o en su defecto también considerar de forma referencial las normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 400.

“La Contraloría está desnudando estas falencias y está confirmando que la OEA y Luis Almagro han asumido una posición política al no cumplir con el acuerdo. En consecuencia se evidencia que se presentó un estudio de análisis de integridad que no es auditoría y que ocasionó un golpe de Estado”, sostuvo Chávez.