La Contraloría General del Estado expresó este lunes su predisposición de realizar una “verdadera” auditoría a las elecciones anuladas de 2019, incluso con observadores internacionales, después de que, a través de un análisis técnico, determinó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no realizó ese trabajo.

“Si es que hay una orden del Órgano competente, por supuesto que estaríamos (dispuestos porque) es parte de nuestro trabajo”, dijo Henry Ara, contralor general del Estado, en una entrevista con La Razón Radio.

Sin embargo, remarcó que en este momento, la Contraloría no puede hacer una auditoría a ese proceso electoral porque la normativa vigente establece que no tiene dicha facultad.

No obstante, insistió que “si queremos una reconciliación entre los bolivianos, debemos necesariamente conocer la verdad de los hechos ocurridos en las elecciones de 2019” estableciendo si realmente hubo fraude o no.

“Pero ya no está en manos de la Contraloría, sino en manos del Órgano Legislativo, que podría tal vez en este caso extender su mandato a la Contraloría para que haga esto y, por supuesto, tal vez con observadores internacionales porque las técnicas de auditoría acá o en cualquier parte del mundo son las mismas”, sostuvo.

La Procuraduría General Estado, en marzo, y la Cámara de Diputados, en julio, requirieron un pronunciamiento técnico de la Contraloría sobre la “auditoría” que realizó la OEA a las elecciones de 2019 y determinó que hubo “irregularidades” y una “manipulación dolosa”.

Según Ara, esas dos instancias del Estado pidieron, por un lado, definir si se cumplió el convenio suscrito entre el Gobierno y la OEA para este análisis y, por otro lado, si su trabajo respondía a normativas vigentes.

 Es así que el equipo técnico de la Contraloría evaluó el documento que presentó la OEA y llegó a la conclusión de que en realidad no hizo una auditoría.

Pues, “una auditoría es un proceso que conlleva varios procedimientos (…) sobre hechos que pudieran haber pasado o no y estos hechos deben ser necesariamente relacionados a prueba documental y en este caso podemos ver que (el trabajo de) la OEA no responde a técnicas de auditoría que son estándares a nivel mundial”, subrayó.

En ese sentido, recordó que el convenio suscrito para la auditoría “decía claramente que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas y de las estadísticas, además indicaba que debería hacerse con base a la normativa nacional”.

Pero, según Ara, la OEA “no ha verificado las actas”, solo hizo un muestreo y tampoco su informe establece “qué porcentaje de fraude hubiese ocurrido” si es que ha pasado y menos pudo determinar “quiénes son las personas” que podrían haber incurrido en ese delito.

Entonces, de acuerdo con el contralor, el “documento proporcionado por la OEA se basa (solo) en conjeturas y no en calidad de prueba competente y suficiente, que es un elemento fundamental para una auditoría”.

Por eso nosotros “podemos establecer que esto no es una auditoría y que no cumple con lo solicitado en el convenio. (Sin embargo, tampoco) hemos indicado que éste sea un informe político (tal como señaló la Procuraduría), hemos indicado que éste es un informe que no responde a una auditoría”, aclaró.