Ante la polémica por el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Áñez y la posibilidad de un juicio de responsabilidades en su contra, la Iglesia Católica emitió un pronunciamiento en el deploró la situación de los derechos humanos y abogó por la exmandataria, considerando que el sistema judicial se convirtió en una “herramienta de revancha” en manos del poder.

“En fidelidad a nuestra misión de pastores y a la luz de la palabra de Dios, queremos expresar nuestra preocupación y dar nuestro aporte ante la deplorable situación de los derechos humanos y la manipulación de la administración de la justicia que se vive en nuestro país en los últimos tiempos, hechos que han causado tensiones y divisiones en la población y han sumido en el dolor a tantas personas”, cita un comunicado de los obispos que titula “Justicia y vida digna”.

El pronunciamiento se da dos semanas de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció graves violaciones de derechos humanos en Bolivia durante la crisis de 2019 y cuestionó la administración judicial del país.

En ese sentido, los obispos remarcaron que el desconocimiento del conjunto de derechos y libertades en democracia, propio de un Estado de derecho, por parte del sistema judicial, “ha pasado a ser una herramienta de revancha en manos de los que detentan el poder, desconociendo la independencia de poderes, dañando gravemente la democracia y causando indefensión y sufrimiento” en muchas personas.

Es así que “en un país democrático, no es aceptable que entre el 70 y el 75% de la población carcelaria se halle sin sentencia y privada de libertad, a menudo en condiciones infrahumanas. No olvidemos que la vida y la dignidad de toda persona son derechos humanos fundamentales e inalienables y que todos debemos respeto y sumisión a la verdad de los hechos”, afirma otro párrafo del documento.

Y en esa línea, los jerarcas de la Iglesia también consideraron que hay una falta de piedad con Áñez, detenida desde marzo por el caso Golpe de Estado y quien el 21 de agosto intentó quitarse la vida en el penal de Miraflores provocándose heridas.

“Su situación (Áñez) es especialmente preocupante por la evidente conculcación de su derecho a defenderse en libertad y al debido proceso, además del trato falto de piedad recibido. No se puede seguir ignorando los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y pasar por alto el principio de presunción de inocencia; menos aún, usarlo arbitrariamente. Todos tienen el derecho al respeto de su dignidad y su vida”.

Asimismo, indicaron que ya no se puede postergar más “una verdadera reforma del sistema judicial que recupere la administración de la justicia transparente, imparcial e independiente” porque solo así se puede garantizar el Estado de derecho y la democracia, la dignidad de toda persona y el bien común.

“Para eso, se requiere un amplio acuerdo nacional, en el que tengan representación todos los sectores políticos y sociales, con espíritu de diálogo, de paz y respeto mutuo”, subrayaron. Además, llamaron a la reconciliación y la paz.