Históricamente, los gobiernos de corte autoritario han pasado por diversas etapas antes de convertirse en tiranías. Una de ellas es la negación de la verdad, cuando ésta no conviene a sus fines. El gobierno de Luis Arce parece estar atravesando por ese período, por eso se ha dado a la tarea de intentar borrar, cambiar, distorsionar o difuminar algunos hechos que puedan ser perjudiciales para el proyecto de poder.

La última acción en ese sentido fue sacar un informe de la Contraloría para decir que la Organización de Estados Americanos (OEA) no hizo ninguna auditoría al fallido proceso electoral de 2019. Esa afirmación arrancó algunas risas, otras ironías y muchas reacciones de indignación porque no se puede negar una verdad de la que todos hemos sido testigos hace apenas año y medio. El propio gobierno de Evo Morales pidió a la OEA que haga una auditoría vinculante al proceso electoral de 2019, pero cuando este estudio descubrió que hubo dolo (fraude) en el manejo de los datos, decidió negar sus resultados. Pero, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, superó a todos sus correligionarios al decir que tal auditoría no se hizo.

La prueba de que esta conducta es una constante en Chávez es que hace poco también afirmó que, en 2019, no se registraron las renuncias de Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra ni Víctor Borda, con lo que pretende afirmar que no hubo vacío de poder y, en consecuencia, quien haya asumido el mando incurrió en un golpe de Estado.

La afirmación de que la OEA no hizo ninguna auditoría apunta al mismo objetivo, instalar la idea de que en Bolivia no hubo fraude electoral y que, en cambio, se perpetró un golpe de Estado.

Toda esta posverdad o, mejor dicho, esta suma de mentiras es para apuntalar la misma tesis y, de paso, aplastar a los rivales políticos con juicios y encarcelamientos injustos.

El informe de la Contraloría se basa en aspectos formales para desconocer la auditoría de la OEA, como la fecha y modo en que se dio a conocer el informe. Qué importancia puede tener que el informe preliminar se haya entregado el 10 y no el 13 de noviembre y cuál es la relevancia de haberlo hecho público sin haberlo entregado previamente al gobierno.

Ahora el gobierno desafía a contar las 35.000 actas del proceso electoral de 2019 para demostrar que no hubo fraude, algo que es imposible porque el proceso ya precluyó y, por otro lado, ¿qué grado de credibilidad podría tener el gobierno auditando las actas de un proceso electoral en el que pretende ser juez y parte?

Ya es tiempo de que el gobierno deje de subestimar la inteligencia de los bolivianos y cese en la publicación de historias que nada tienen que ver con la realidad.