Salta a la vista que esa presunta persecución política encubierta con formas judiciales se la observa en todo el país, salvo excepciones. Los casos recientes pasan de una decena y no solamente se los puede medir por su cantidad, sino por la calidad que entrañan.

El caso más destacado es el referido al expresidente Carlos Mesa, atribuido a una supuesta irregularidad en relación con una medida administrativa con la empresa Quiborax, la cual terminó recibiendo más de 42 millones de dólares como indemnización por parte del gobierno actual, con base en una decisión internacional.

Otros casos no menos notorios de acoso judicial son: al prefecto Rubén Costas de Santa Cruz; al alcalde José María Leyes de Cochabamba; a la alcaldesa Soledad Chapetón de El Alto; al alcalde Luis Revilla de La Paz; al rector Waldo Albarracín, de la UMSA; a ex autoridades de Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca, además de muchos otros, algunos de los cuales fueron sentados en el banquillo de los acusados para ser, de una u otra forma, defenestrados de sus cargos y dejen de ser peligro político.

Dos aspectos caracterizan esta situación: primero, que todos los acusados son políticos opositores y estarían recibiendo creciente apoyo de la opinión pública y, segundo, que detrás de la maniobra política oficialista se encuentra en preparación, supuesta o real, una gran campaña electoral para las elecciones generales del año próximo, de tal forma que se presente un solo candidato que obtenga mayoría de votos.

Pero, entrando más a fondo, se constata que se va caldeando el debate en torno al referéndum del 21F, ganado por el voto popular opositor, el mismo que trata de ser desconocido por la tienda partidaria oficialista “a como dé lugar”, de tal forma de imponer contra viento y marea su proyecto prorroguista por tiempo indefinido, aspectos que serían el origen de la cacería de brujas que observa asombrada la ciudadanía.