Tras conocerse que el MAS, con su nuevo estatuto, se garantizará al menos 21 millones de bolivianos por concepto de contribuciones de militantes, tanto de base como de los que trabajan en el Estado, legisladores de oposición reprocharon que el oficialismo incurra en las prácticas que tanto cuestionó sobre la financiación de los partidos,  y subrayaron que los “funcionarios no están para financiar un partido”.

“Lo que hace el MAS respecto a su organización interna, a la manera en que recauda  fondos, no tendría por qué interesar a los bolivianos, no tendría por qué importarnos siempre y cuando no se comprometan recursos públicos. El MAS tiene que entender que los funcionarios públicos no están para fortalecer ni financiar a una organización política”, manifestó el diputado Jairo Guiteras, de CC.

Subrayó,  además,  que los servidores no deberían estar condicionados a militar en un partido, y que en la administración pública debería primar la meritocracia más que  la afinidad política.

La senadora Centa Rek, de Creemos,  expresó: “Un partido de Gobierno no se puede beneficiar pidiendo diezmos, extorsionando a los empleados públicos. Lógicamente que quien no aporte va a ser sacado de su fuente laboral y esto es una situación totalmente ilegítima. El MAS está tratando de alimentarse como partido con los salarios de los funcionarios”.

La legisladora recordó que, en su primera gestión de gobierno, el MAS anuló la subvención estatal a los partidos. Indicó que al final lo que el oficialismo quiere es “anular la pluralidad de opciones y de partidos políticos”, para constituirse en un “partido hegemónico”,  ya que ninguna organización llegaría a contar con  un financiamiento como el del MAS.

En la misma,  línea el diputado  Walthy Egüez, de Creemos,  señaló que al final el MAS acaba replicando la práctica de los partidos tradicionales que cuestionó.

“En su discurso, querían ser diferentes de los políticos tradicionales, pero terminaron convirtiéndose en el último de los partidos tradicionales, con las viejas prácticas políticas”, expresó.

Por su parte,  Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia,  indicó: “El cobro a los funcionarios  ha sido un mecanismo de coacción. En diferentes ministerios hay una persona encargada de recolectar los aportes, que no son voluntarios, son obligatorios, y nunca se ha dado una rendición de cuentas por esos recursos. El MAS quiere  lograr la reproducción del poder con el mínimo esfuerzo, sacando dinero a funcionarios”.

En su opinión, en todos sus años de Gobierno, el MAS apuntó a construir una estrategia de “partido único”. “El efecto es que no haya organizaciones políticas alternativas;  al final, los demás partidos están condenados al fascismo o a la desaparición”, aseguró.

El domingo, el expresidente Evo Morales  afirmó que varios de los militantes ya quieren aportar. “Ya nos están llamando, ‘dónde está la cuenta bancaria’ (dicen), ya quieren aportar. Cuando el TSE ya apruebe el estatuto, haremos conocer públicamente la cuenta bancaria del MAS-IPSP”, declaró en Radio Kawsachun Coca.

• Escala  El MAS definió una nueva escala de aportes en su estatuto, en el que se contemplan aportes del  3% para militantes en función pública que ganan por encima de 20.000  bolivianos, 2% para servidores que  tienen un sueldo entre 10.000 y 20.000 bolivianos y 1% para quienes tienen un sueldo por debajo de los 10.000 bolivianos. El jefe del MAS afirmó que los aportes “son voluntarios”.
• Denuncias  Desde  2013, el MAS manifestó su intención de que “todos los funcionarios” en la administración pública sean militantes del partido. Cuando se abrieron los registros de actualización de militancia en 2018, varios funcionarios denunciaron que fueron obligados a registrarse  e incluso inscribir a sus familiares.