La Opinión Consultiva sobre Reelección Indefinida, la Ratificación del informe de la OEA sobre las elecciones de 2019 y el Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), han provocado en las autoridades nacionales reacciones tan irracionales que cuesta comprender, más si los que salen a descalificar todo lo que se indican en los informes son abogados, o al menos siempre se han presentado como tales.

Sabemos que al Presidente en ejercicio no se le puede pedir que recomiende modular las expresiones de sus ministros o viceministros por el daño que le hacen a su imagen y a la del país, porque el pobre hombre ya tiene más que suficiente con las instrucciones que recibe de Evo Morales para tener que pensar en ejercer autoridad sobre los que le acompañan. El MAS tiene pautados todos los movimientos de Luis Arce Catacora por si acaso se le ocurriera en algún momento creer que en serio es el Presidente del Estado Plurinacional y pretenda actuar como tal, de ahí que, fuera de tres o cuatro frases como “golpistas, derecha neoliberal, pititas” no puede siquiera explicar su plan para enfrentar la  crisis económica y sanitaria que tiende a agravarse en el país.

Pensamos que las recomendaciones del Grupo de Expertos Internacionales, particularmente en lo que a la justicia se refiere, servirían para que fiscales, jueces, magistrados revisarían sus actos y los adecuarían a los estándares internacionales señalados con detalle en el informe final del GIEI; sin embargo, la reacción resultó ser totalmente contraria. De manera  desafiante endurecieron la tortura psicológica contra la expresidenta Jeanine Áñez, buscando orillarla al suicidio utilizando de la manera más indigna y canalla a mujeres privadas de libertad en situación de vulnerabilidad para que agredan a su compañera de infortunio.

El artículo 15 de la Constitución Política del Estado, el 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y para la Convención contra la Tortura de la ONU, tortura es " todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido…”.

Por lo visto para los jurisconsultos del gobierno, todos los instrumentos señalados son papel mojado y las recomendaciones de los organismos internacionales caen en saco roto.

DE FRENTE 

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DD.HH

julietamontaño@gmail.com