Comunidad Ciudadana, Creemos, Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité pro Santa Cruz, exigieron al Gobierno iniciar con el proceso de reforma de la justicia porque consideran que sin instituciones independientes y transparentes no hay democracia ni libertad.

A través de un comunicado conjunto que emitieron este sábado, el bloque opositor cuestiona la falta de compromiso por parte del gobierno de Luis Arce y exigen que se de cumplimiento a las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

"Este es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia, especialmente con relación a las pérdidas de vidas humanas, bajo la premisa de que todas deberían valer por igual ante la justicia", dice el documento.

En el informe que entregaron los expertos, el pasado 17 de agosto, observan el actuar de la justicia en el país donde además advierten que la falta de independencia de ese órgano es un problema estructural que se arrastra desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, anteriormente el ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que no existe una fecha para que “la justicia sea independiente”, pero que ese objetivo se logrará con una construcción colectiva de largo plazo.

”Necesitamos una justicia independiente y no vamos a cesar en el esfuerzo para que este objetivo se logre. El compromiso del presidente Arce es que la justicia sea independiente y vamos a seguir las recomendaciones del grupo (GIEI), pero no hay una fecha para que la justicia sea independiente. No podemos decir que a partir del 10 de octubre la justicia va a ser independiente o en diciembre va a ser independiente”, afirmó la autoridad.

A la vez piden que las investigaciones y procesos penales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas el año 2019, se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados, con nuevos operadores que garanticen independencia, imparcialidad, transparencia e idoneidad.

Advierten que la detención preventiva, por la forma arbitraria de su aplicación y duración, se convierte en un castigo anticipado contrario a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada. Consideran que esta medida debe ser la excepción y no la regla.

"Las personas detenidas deben defenderse en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso. Se exige la libertad de los presos políticos, el cese inmediato de las aprehensiones por razones políticas, a los que denuncian corrupción o luchan por los derechos humanos”, resalta.

Por otra parte, consideran que es necesario presentar estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a toda la comunidad internacional.

Finalmente, señalan que si el Gobierno y el Ministerio de Justicia no encaminan este proceso, se agravará la crisis de la justicia.