Son cuatro acciones que plantearon los partidos de oposición Comunidad Ciudadana y Creemos, además del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité Pro Santa Cruz para dar cumplimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual advirtió los problemas que tiene el país respecto a su sistema judicial.

Las propuestas se plantearon a través de un pronunciamiento conjunto entre los dos grupos políticos y las dos instituciones.

“El Gobierno de Luis Arce no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe GIEI – CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial (…). Este es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento señala que para alcanzar la paz social es necesario que las investigaciones y procesos penales por las violaciones a los derechos humanos se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados.

Asimismo, que las personas detenidas se defiendan en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso.

Del mismo modo, el documento propone: Una mesa de diálogo con verdadera voluntad política de llegar a acuerdos; que exista un diálogo plural con actores políticos y sociales para llevar a cabo acciones inmediatas de renovación total del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Elevar las denuncias ante la CIDH como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional.

Los firmantes del pronunciamiento señalan que el Gobierno no quiere asumir su responsabilidad para la realización de la reforma judicial y se niega a aceptar un diálogo plural con los líderes políticos y sociales del país.

“El Gobierno de Luis Arce busca mantener la sumisión y dependencia de fiscales y jueces al Ejecutivo con objetivos políticos y de represión. Los procesos penales que están instaurados por acción del Ministerio Público son en los hechos, acciones de linchamiento político-judicial mientras archiva y desestima casos de gente del MAS y de operadores del Gobierno mediante un certificado de impunidad”, indica la nota.

Por su parte, desde el GIEI se recomendó trabajar para alcanzar una justicia independiente, libre de la injerencia política, reportó el diario Página Siete.

“La independencia judicial tiene que ser reconocida y respetada por los tres poderes del Estado. En particular, se debe reconocer que los jueces y las juezas no dependen del gobierno del momento”, señala el informe de los expertos.