Las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) exigieron ayer que los procesos por las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en la crisis de 2019 se realicen con una “justicia renovada”, como sugirió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final.

En un comunicado conjunto, las principales fuerzas opositoras, los cívicos y el Conade expresaron que el Gobierno de Luis Arce no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del informe del GIEI - CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial, imprescindibles para tener fiscales y jueces independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana.

“Éste es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia, especialmente con relación a las pérdidas de vidas humanas, bajo la premisa de que todas deberían valer por igual ante la justicia”, indica el comunicado conjunto.

Señalan que el Gobierno del MAS “no quiere asumir su responsabilidad” para la realización de estos cambios urgentes al Ministerio Público y al Órgano Judicial.

“El Gobierno de Luis Arce busca mantener la sumisión y dependencia de fiscales y jueces al ejecutivo con objetivos políticos y de represión”, apuntaron.

Para estas organizaciones, el hecho de que el Gobierno no haya destituido al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, es la prueba “irrefutable” de que el MAS “mantiene un pacto de encubrimiento de Evo Morales” a pesar de que el informe final GIEI identificó actos de impunidad evidentes en Quillacollo, Vila Vila, Yapacaní, Betanzos y Montero, entre otros.

Por ello, las cuatro organizaciones exigieron que las investigaciones y procesos penales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019 se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados, con nuevos operadores que garanticen independencia, imparcialidad, transparencia e idoneidad.

Asimismo, señalaron que la detención preventiva, por la forma arbitraria de su aplicación y duración se convierte en un “castigo anticipado” contrario a la presunción de inocencia, por lo que esta medida “debe ser la excepción y no la regla”.

Pidieron que la libertad de los presos políticos.

Señalaron que la única forma de que exista un diálogo plural para llevar adelante acciones de renovación total de la justicia, pasa por abrir una mesa de diálogo. “Mientras el Ministro de Justicia y el Gobierno de Luis Arce no expresen su intención de apertura, se profundizará la crisis de la justicia en Bolivia”, indicaron.

Asimismo, acordaron elevar estas denuncias ante la CIDH como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe del GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional.

“Por el riesgo que existe para todos los bolivianos bajo un Gobierno que no respeta los más elementales derechos. Denunciar que los bolivianos no contamos con un sistema de Justicia que defienda al pueblo, al contrario, éste se ha convertido en un arma política”, señalaron.

GIEI EMITIÓ 36 RECOMENDACIONES

El informe final del GIEI incluyó 11 conclusiones y 36 recomendaciones al Estado boliviano. Entre las principales sugerencias están: realizar profundos campos en la justicia, garantizar independencia judicial, monitorear uso de las fuerzas de seguridad, resarcir a las víctimas, mejorar la institucionalidad judicial, electoral.