El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ve necesaria una reforma profunda de la justicia en Bolivia para dotarla de independencia. “Un aspecto en el que vinimos insistiendo en nuestros pronunciamientos y que el informe del GIEI ha considerado como una cuestión fundamental”.

Vivanco respondió por escrito un cuestionario de Los Tiempos, a propósito de la presentación del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia.

Señala también que el Ministerio Público en Bolivia “ha dejado de hacer gestiones investigativas básicas y en su lugar se ha dedicado a perseguir a los rivales políticos del gobierno de turno”.

Vivanco pone énfasis en que todas las violaciones de la ley y de los derechos humanos sin excepción deben ser investigadas de forma plena, imparcial y sin demoras, entre ellas menciona las masacres de Sacaba y Senkata; hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata; además de las torturas, detenciones ilegales, violencia sexual y otros abusos que, según el informe del GIEI, fueron cometidos por agentes del estado.

¿Considera que el Informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) ha sido elaborado de forma imparcial? ¿Para qué se puede utilizar este informe?

Es un informe excelente que ofrece pruebas contundentes sobre la violencia y las gravísimas violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones de 2019. También revela las enormes deficiencias de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que ha dejado de hacer gestiones investigativas básicas y en su lugar se ha dedicado a perseguir a los rivales políticos del gobierno de turno.

Nos preocupa, sin embargo, que en el actual clima de polarización los distintos sectores políticos —incluido el gobierno del presidente Luis Arce pero también sectores de la oposición— destaquen sólo las partes del informe que detallan abusos contra sus partidarios e ignoren los abusos cometidos por ellos contra otros. Todas las víctimas merecen justicia, sin importar su posición política. Asimismo, el informe deja clara la importancia capital de una reforma profunda de la justicia para que deje de estar al servicio de quienes detentan posiciones de poder y sirva a todas las bolivianas y bolivianos.  

Cree que también debe ser juzgado Evo Morales por los hechos de violentos de octubre y noviembre de 2019.

Todas las violaciones de la ley y de los derechos humanos sin excepción deben ser investigadas de forma plena, imparcial y sin demoras. Se debe determinar la responsabilidad de quienes cometieron los abusos y también de los mandos o autoridades que dieron la orden.

Eso se aplica para gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Jeanine Áñez, como las masacres de Sacaba y Senkata y las torturas, detenciones ilegales, violencia sexual y otros abusos que, según el informe del GIEI, fueron cometidos por agentes del estado. Y también se aplica para casos de violencia ocurridos durante el gobierno de Evo Morales. En particular, el GIEI apunta a la responsabilidad del gobierno de Evo Morales en hechos de violencia en Vila Vila, Caracollo y Challapata contra personas que se dirigían a La Paz para manifestarse, lo cual era su derecho.

Human Rights Watch entrevistó a 14 testigos y víctimas de esos ataques, algunas de los cuales sufrieron tortura, privación de libertad y heridas graves.

Usted hizo duras observaciones al accionar de la justicia y del Gobierno de Jeanine Áñez en relación a los derechos humanos, qué observa en el Gobierno de Luis Arce sobre la misma temática.

Efectivamente, el Gobierno de Jeanine Áñez usó la justicia como un arma de persecución de rivales políticos y de cualquier persona asociada a Evo Morales. Eso incluyó un proceso contra el expresidente por terrorismo que no tenía ninguna prueba de que él hubiera cometido actos terroristas.  

Nosotros denunciamos esa manipulación de la justicia en un informe muy sólido que publicamos en septiembre de 2020. Poco después de ganar las elecciones en octubre de 2020, Luis Arce prometió que no habría presión política hacia jueces y fiscales y creó una comisión de alto nivel para proponer reformas que permitieran establecer un sistema de justicia independiente.

Desgraciadamente, esas declaraciones e iniciativas presidenciales quedaron en letra muerta.

De hecho, el gobierno actual ha defendido el proceso contra Áñez por el mismo delito de terrorismo que se usó contra Morales; un tipo penal excesivamente amplio y ambiguo que se presta para abusos. La imputación formal contra Áñez, que nosotros revisamos, ni siquiera señala cuál es la evidencia concreta e individualizada que hay contra ella, sino que hace alegaciones genéricas contra su persona y contra dos exministros. De la misma forma, consideramos que la acusación de “genocidio” presentada contra Áñez es un absoluto disparate.

Hacer acusaciones sin suficiente evidencia o manifiestamente desproporcionadas perjudica a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Demuestra que más bien hay un interés político que un deseo genuino de descubrir la verdad y hacer justicia. Las masacres de Sacaba y Senkata y todas las otras gravísimas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Áñez deben ser objeto de una investigación imparcial, en cumplimiento del debido proceso, y sus responsables, tanto aquellos que dispararon como los que ordenaron disparar, deben ser castigados.

¿Qué recomendación le da al Estado de Bolivia en relación a los derechos humanos?

Es fundamental que el Gobierno de Bolivia, la oposición y los integrantes del aparato judicial examinen con seriedad el informe del GIEI. Muchas de sus recomendaciones coinciden con las que hemos hecho en el pasado.

Destacaría tres recomendaciones principales.

Primero, el Ministerio Público debería revisar todas las pruebas recogidas por el GIEI y llevar a cabo investigaciones imparciales de todos los casos de violencia, inclusive reabriendo procesos que han sido rechazados o sobreseídos sin una investigación adecuada .

Segundo, el gobierno debería retirar el Decreto Supremo 4461, de febrero pasado, que tanto el GIEI como Human Rights Watch concluimos que abre camino a la impunidad por delitos graves y abusos.

Celebro el anuncio del presidente Arce de que lo derogará.

Y por último, reitero nuestro llamado a que se lleve a cabo una reforma profunda de la justicia para dotarla de independencia, un aspecto en el que vinimos insistiendo en nuestros pronunciamientos y que el informe del GIEI ha considerado como una cuestión fundamental.

JOSÉ MIGUEL VIVANCO

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es un experto en América Latina.

Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA).

En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. Vivanco también ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins.

De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.