La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene en sus manos la proposición acusatoria para que la expresidenta Jeanine Áñez sea sometida a un juicio de responsabilidades por el delito de “genocidio”, por las muertes de Sacaba y Senkata.

Para ello, el Movimiento al Socialismo (MAS) debe tener dos tercios de los votos, es decir, necesita el apoyo de los partidos de la oposición.

Sin embargo, sea cual fuere el resultado de la votación, el Gobierno está emprendiendo la carrera para consolidar estos juicios sin tomar en cuenta las múltiples voces que urgen que antes de empezar con los procesos es necesario contar con una administración de justicia imparcial e independiente del poder político. Algo que no ocurre con el actual Órgano Judicial, cooptado y sometido a los intereses del Ejecutivo.

El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su reciente informe sobre la violación de Derechos Humanos en Bolivia en 2019, alerta sobre esta falta de independencia del poder judicial y del Ministerio Público y recomienda su pronta reestructuración.

Cabe recordar que el Gobierno se comprometió a cumplir y acatar las recomendaciones del GIEI; sin embargo, hasta el momento no ha dado muestras de hacerlo.

En el capítulo dedicado al tema judicial, el informe dice: “Pese al desarrollo normativo en la materia, el GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”.

El propio Ministro de Justicia admite las fallas en la justicia, pero no propone cambios “Necesitamos una justicia independiente y no vamos a cesar en el esfuerzo para que este objetivo se logre, el compromiso del presidente Arce es que esta Justicia sea independiente y vamos a seguir las recomendaciones del GIEI pero no hay una fecha para que la justicia sea independiente”, dijo el Ministro.

Carlos Mesa respondió en redes sociales: “El cambio de la justicia para garantizar su independencia, idoneidad y transparencia, es una obligación ineludible del Estado. Eludir su urgencia y postergarlo con excusas insensatas y cínicas demuestra falta de seriedad, desprecio por la democracia y clara deshonestidad”.

Críticas

El Gobierno también rechazó la propuesta de Comunidad Ciudadana, que pidió la inmediata reestructuración del Ministerio Público con la renuncia del Fiscal General, además de empezar con una profunda reforma de la justicia.

El oficialismo dijo que no se pueden lograr cambios en 90 días, que por lo menos se requerían cinco años para lograr cambios y acusó a Mesa de fomentar la impunidad con su propuesta.

Respecto al estado de la justicia en Bolivia, el académico y abogado constitucionalista César Cabrera dijo que el Órgano Judicial es objeto de crítica por su sometimiento a los mandatos del ejecutivo, “por tanto, podemos concluir que en Bolivia no está garantizada la independencia de la justicia y menos la imparcialidad con la que debe funcionar este poder del Estado”. Esta falta de imparcialidad repercute en una mala administración de justicia que no garantiza un proceso adecuado, según Cabrera.

Parta el analista político Fernando Salazar, la justicia boliviana esta totalmente desacreditada en cuanto a independencia. “Una justicia sumamente presionada que actúa como operador político para acciones que tienen que ver con procesos y detenciones”, afirma.

Para Salazar, la administración de justicia en Bolivia no tiene credibilidad, “o se reforma a profundidad o definitivamente que queda como operador político del Gobierno”.

RECOMENDACIÓN DE GIEI AL GOBIERNO

“Garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios suficientes y permanentes para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”.

GIEI: HAY INJERENCIA DE PODERES POLÍTICOS

REDACCION CENTRAL

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al analizar el estado de la justicia boliviana, dice: “Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha identificado, de manera reiterada, la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos en todos los niveles y la corrupción de la justicia como graves problemas estructurales y de larga data”.

De igual manera, otras instancias internacionales han manifestado su preocupación debido a la ausencia de independencia del sistema de justicia.

“Diversas organizaciones de la sociedad civil bolivianas han denunciado una amplia gama de falencias en el sistema de justicia que impiden el desarrollo de sus funciones de manera independiente y efectiva”, dice el informe de GIEI.

Según el informe varios factores han contribuido a la injerencia política en la justicia. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales actualmente ocupa cargos de carácter transitorio.