Las restricciones que también deberá cumplir la autoridad edil señalan que debe presentarse cada 15 días a firmar en el registro biométrico del Ministerio Público, adicionalmente presentar dos garantes que, ante la eventualidad de fuga, tendrían que pagar Bs 15.000 de garantía.

Hector Tapia, abogado de Chapetón, aseguró que la decisión de prohibir a Chapetón realizar declaraciones sobre el caso es una determinación unilateral, porque le coarta sus derechos legítimos de libertad, como el de publicidad de su imagen.

La defensa legal de Chapetón anunció la apelación restringida a la determinación judicial, la misma que fue concedida por la juez, pese a que cuando se dio por concluido el proceso se basó sólo en una irregularidad y no así sobre la supuesta transferencia de un terreno que se hubiera hecho a un privado en el Distrito 4, en la urbanización Yunguyo Alto, zona de Río Seco.

La autoridad alteña, que goza de mucho aprecio y simpatía en su población, fue denunciada por el diputado Rafael Quispe, del mismo partido político Unidad Demócrata (UD), sobre la transferencia de un terreno municipal a un privado hace 27 años, para el funcionamiento de una gasolinera pública. La Alcaldesa, por esta presunta falta, junto a otras tres personas, fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.

La mañana del jueves, horas antes de que se instale la audiencia de medidas cautelares, el diputado Quispe presentó su desistimiento a la denuncia que originó el maltrato a la Alcaldesa; se apartó del caso alegando que el apersonamiento del Viceministerio de Transparencia tiene por objeto politizar y manosear el proceso con el propósito de alejar del cargo a la alcaldesa Chapetón.

GOLPE INSTITUCIONAL

“No me voy a prestar a un golpe constitucional, a un golpe institucional que quiere hacer el MAS (Movimiento al Socialismo), no me voy a prestar (a tal intención), por eso me estoy retirando del proceso”, señaló Quispe ,al salir del juzgado.

Previa a la consideración de los riesgos procesales, la juez Castro rechazó el incidente de actividad procesal defectuosa presentado por la defensa de uno de los imputados, formulación a la que se adhirió la Alcaldesa. Esta, durante el proceso, señaló que el proceso tiene finalidad política, porque la transferencia del terreno se dio hace 27 años y, al momento, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea) sigue un proceso civil para recuperar ese predio.

En contraparte, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, asegura que la transferencia de hace 27 años, a la que se refiere Chapetón, fue ya resuelta con la recuperación y saneamiento del bien municipal, pero que la alcaldesa Chapetón habría vuelto a privatizar esos predios ya recuperados.

APOYO DE UD

A su vez, el diputado Gonzalo Barrientos (UD), expresó el total respaldo de esa tienda política en favor de Chapetón y lamentó que el diputado Rafael Quispe, de su misma bancada, hubiera sido el impulsor de la demanda en contra de la Alcaldesa.

“Exigimos que se desarrolle (el proceso) en el marco del debido proceso. Lamentablemente, cuando se trata de los opositores la justicia es expedita, ágil, lo que no sucede con las investigaciones a las autoridades del oficialismo”, dijo enfático.

A modo de ejemplo, citó los casos de Potosí, Sucre, y otros que el Ministerio Público y el aparato judicial no ejecutan actuaciones investigativas o jurisdiccionales y es evidente su parcialización en favor del Gobierno.

La audiencia contra Chapetón y otros tres funcionarios del municipio de El Alto se instaló a las 15.30 horas del jueves pasado, tras un cuarto intermedio luego de nueve horas de ininterrumpido trabajo, fue reanudado a las 19.30 horas del miércoles y cerca de las 22.00 horas se dio lectura al dictamen judicial, en audiencia pública, a la que asistieron cientos de partidarios y simpatizantes de la Alcaldesa, quienes permanecieron vigilantes en puertas del Tribunal Departamental de Justicia.