El punto de partida sería la viabilización de los juicios de responsabilidades por las muertes y la violación de derechos humanos ocurridas a fines de 2019, cuya autorización depende de 2/3 de la Asamblea Legislativa, para lo que CC plantea, básicamente, el cambio del Fiscal General en 90 días y el cambio de la modalidad de selección de postulantes a magistrados para las elecciones judiciales de 2023.

Es atinada la propuesta de “acuerdo nacional” formulada esta semana por Carlos Mesa y CC, no solo con motivo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino frente a la escalada suicida de polarización y confrontación que está sufriendo el país.

El punto de partida sería la viabilización de los juicios de responsabilidades por las muertes y la violación de derechos humanos ocurridas a fines de 2019, cuya autorización depende de 2/3 de la Asamblea Legislativa, para lo que CC plantea, básicamente, el cambio del Fiscal General en 90 días y el cambio de la modalidad de selección de postulantes a magistrados para las elecciones judiciales de 2023.

La propuesta mesista de “acuerdo nacional” es oportuna, tiene aciertos, pero también imprecisiones, omisiones y equivocaciones que deberían subsanarse: Las imprecisiones están en el cambio de Fiscal, en 90 días “a través de un mecanismo legal”, ya que la ley 260 del Ministerio Público, en su Art. 24, señala dos mecanismos claros: destitución por sentencia en juicio de responsabilidades, o renuncia aceptada. Enjuiciar al Fiscal ante la Asamblea para destituirlo podría llevarnos años y entonces, hay que decirlo claro, sin imprecisiones, el acuerdo nacional debería contemplar el pedido expreso de todas las bancadas, al señor Lanchipa, para que dé un paso al costado renunciando, teniendo en cuenta, además, que su permanencia ya es insostenible luego de que el informe del grupo de expertos evidenció su incompetencia en las investigaciones fiscales de 2019.

Sí, hay que “reconstituir el Ministerio Público” y un primer paso para ello debería de ser la elección parlamentaria por 2/3 de una persona idónea, independiente y proba, luego de un concurso de méritos y examen de competencia que,sí se puede, y debe hacer, incluso en menos de 90 días. La modificación de la Ley del Ministerio Público para que también la Asamblea Legislativa designe a los fiscales departamentales, parece prescindible, mucho más si un nuevo Fiscal General independiente y probó será quien los nombre hacia adelante.

La notoria omisión en la propuesta es la del restablecimiento inmediato de todas las garantías jurisdiccionales que prevé nuestra Constitución en su Título IV, para todos los enjuiciados, lo que no puede ser obviado o subsumido en el concepto general del “debido proceso”, ya que se están cometiendo inaceptables atropellos procesales contra la expresidenta Áñez que tienen que acabar. Debe acordarse la libertad de los detenidos (con medidas sustitutivas que impidan cualquier fuga) y deberá respetarse el derecho a la defensa, al juez natural, a la presunción de inocencia, a la integridad física y psicológica…

Y el equívoco grave, de la propuesta de CC, es hacer depender los juicios de responsabilidades del cambio de los magistrados supremos en las próximas elecciones judiciales de fines de 2023. Mesa, tal vez sin darse cuenta, está proponiendo que el juicio de responsabilidades se sustancie en 2024, de acá a dos años y medio, cuando tengamos nuevos magistrados electos por sufragio, con una distinta selección de postulantes por un comité ciudadano a crearse, ya sea vía reforma constitucional o vía “ley de independencia judicial…”.

No pues señor Mesa, hay 37 familias que han perdido a sus seres queridos y que claman justicia, hay centenares de heridos que exigen reparación, pero, además, está en curso la muerte civil de la expresidenta Áñez. Nadie puede esperar al año 2024, como ya lo propuso equivocadamente el ministro Lima el pasado 19 de agosto afirmando que “todos los juicios de responsabilidades en la etapa preparatoria duran incluso dos años (…) y para este juicio ya habremos elegido nuevos magistrados…”.

El argumento de CC es que el actual Tribunal Supremo no es confiable. Claro que no lo es y, por ello, hace dos semanas, en esta columna, propuse que para el enjuiciamiento de la expresidenta Áñez, a tiempo de restablecer sus derechos jurisdiccionales, se designe una comisión parlamentaria de veeduría del juicio o que se pida esa veeduría a Naciones Unidas para que siga paso a paso las actuaciones de los jueces supremos, cuyo rol no comienza, como piensan Mesa y Lima, después de la “etapa preparatoria” a cargo del Fiscal General, sino que su sala penal oficia todo el tiempo, desde la formulación del dictamen acusatorio, como juez de control jurisdiccional, que dispone la libertad de los acusados imponiendo medidas sustitutivas, que resuelve los incidentes y excepciones, que recibe la prueba anticipada, que controla plazos y que preserva los derechos constitucionales de las víctimas y de los procesados impidiendo los abusos del propio fiscal y de los investigadores.

Pero la propuesta de CC es perfectible. Ojalá en esa dirección responda el Gobierno y el resto de la oposición, callando a algunos de sus portavoces radicales que ya la han descalificado. Es la intolerancia y la falta de propuesta lo que más bien está descalificando a los políticos.

 

El autor es político y abogado