Comunidad Ciudadana, Creemos, Conade y el Comité pro Santa Cruz se pronunciaron de forma conjunta para señalar que sin justicia independiente y transparente no hay democracia ni libertad, por lo que piden la renovación del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Este bloque opositor emitió un comunicado conjunto en el que manifiestan la condiciones que se debe dar para  el cumplimiento del informe del GIEI-CIDH.

Piden “que las investigaciones, procesos penales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019, se lleven a cabo con un Ministerio Público y Órgano Judicial renovados, con nuevos operadores que garanticen independencia, imparcialidad, transparencia e idoneidad”.

De la misma manera, consideran que la “detención preventiva, por la forma arbitraria de su aplicación y duración se convierte en un castigo anticipado contrario a la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada. Señalan que esta medida debe ser la excepción y no la regla. "Las personas detenidas deben defenderse en libertad, con la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas que garanticen su presencia en el proceso. Se exige la libertad de los presos políticos, el cese inmediato de las aprehensiones por razones políticas, a los que denuncian corrupción o luchan por los derechos humanos”.

En el documento, enfatizan que la única forma de que exista un diálogo plural con actores políticos y sociales para llevar adelante acciones inmediatas de renovación total del Ministerio Público y del Órgano Judicial, pasa por escuchar a todos y abrir una mesa de dialogo con verdadera voluntad política de llegar a acuerdos.

Ven pertinente "elevar estas denuncias ante la CIDH como garantes del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional, sobre todo, por el riesgo que existe para todos los bolivianos bajo un Gobierno que no respeta los más elementales Derechos Humanos".

Sostienen que se debe "denunciar que las bolivianas y bolivianos no contamos con un sistema de justicia que defienda al pueblo, al contrario, este se ha convertido en un arma política de intimidación, persecución y apresamiento".

El documento, también  señala que el Gobierno no quiere dar cumplimiento a las recomendaciones del informe GIEI- CIDH referidas a los cambios urgentes que requieren el Ministerio Público y el Órgano Judicial, imprescindibles para tener fiscales y jueces independientes, imparciales, idóneos y de alta credibilidad y confianza ciudadana.

Por su lado, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció que la oposición política busca impunidad sin respetar el dolor de los 37 fallecidos en las masacres de 2019, al condicionar su apoyo a la aprobación de los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Su línea política es la impunidad, el silencio, el pactar la vida de los bolivianos y no respetar el dolor de ellos de todas estas familias en la solución de la justicia”, dijo.

“Ahora sus diputados han decidido retroceder y están construyendo un manto de impunidad muy bien pensado mediáticamente hablando de la salud de la señora (Jeanine) Áñez, que no existe justicia, que primero debe transformarse  la justicia, con el único objetivo de que no exista justicia para las más de 37 familias bolivianas que han perdido sus seres queridos”, acotó.

"Si no hay Fiscal General y ellos bloquean esa elección como están bloqueando el juicio de Jeanine Áñez simplemente no va haber justicia para ningún boliviano”, remarcó.