La misión de la Contraloría General del Estado es fiscalizar los recursos públicos y las acciones de los funcionarios, pero no tiene la competencia de revisar los acuerdos que se suscriben entre el Estado y un organismo internacional, advirtió este domingo el abogado constitucionalista Williams Bascopé.

"Es una falta de seriedad que el Gobierno esté tratando de justificar el incumplimiento del acuerdo con la OEA, la misión y tarea de la Contraloría es fiscalizar que la ley le faculta, uno de ellos la Ley Safco que se aplica a los funcionarios o instancias estatales que manejan fondos públicos", precisó el jurista.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que el 28 de julio, la Contraloría entregó a esa instancia un informe donde establece que la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió el acuerdo suscrito el 2019 para auditar los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de ese año.

En ese contexto, Bascopé explicó que la auditoría que realizó la OEA no usó recursos estatales para ejecutar su trabajo, tampoco participaron funcionarios públicos en el proceso de análisis de los resultados, por tanto no tiene la necesidad de ser fiscalizado por la Contraloría, .

Por otra parte, Bascopé advirtió que desconocer el acuerdo suscrito con la OEA traerá serias consecuencias para el país en la comunidad internacional. Recordó que el Estado boliviano es miembro del organismo internacional, por tanto debe cumplir con los acuerdos y tratados que se suscriben entre ambas partes.

La auditoría de la OEA a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 encontró más de 20 hallazgos que apuntaban a una "manipulación dolosa" de las elecciones, con el objetivo de beneficiar al candidato del MAS, Evo Morales, que iba por su cuarta reelección a pesar de que la Constitución y el referendo del 21F lo prohibían; aunque un fallo del Tribunal Constitucional lo avaló.

Respaldo

El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA recibió el apoyo de otros organismos internacionales, al menos tres estudios independientes corroboraron los resultados hallados por los expertos.

Inmediatamente suscrito el acuerdo, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres, declaró el 26 de octubre de 2019 que ese organismo "respaldaba plenamente la auditoría".

Asimismo, la auditoría del organismo internacional fue respaldado por la empresa Ethical Hacking, que se encargó de auditar el sistema informático electoral, en su informe detalló 11 vulneraciones y que concluyó que los comicios estaban "viciados de nulidad".

El 9 de diciembre de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que su país "elogia la labor profesional llevada a cabo por la OEA".

El 20 de diciembre de ese año, la Unión Europea que, a través de un equipo técnico, presentó un informe señalando que encontró similares hallazgos a los mencionados en el informe de la OEA. En esa oportunidad mostró su pleno respaldo al equipo auditor.

Finalmente, en octubre de 2020, conoció del informe independiente realizado por los expertos Robert C. Vackar y Diego Escobari, de las universidades de Texas de Estados Unidos, que "muestra evidencia de fraude antes de la caída del TREP".