El procurador general del Estado Wilfredo Chávez hizo conocer este sábado un informe técnico legal de la Contraloría General del Estado (CGE), donde concluye que la Organización de Estados Americanos (OEA) no hizo una auditoría al proceso electoral de octubre de 2019, cumpliendo las normas nacionales internacionales.

Dijo que la primera conclusión es que la OEA incumplió el acuerdo suscrito con la Cancillería para realizar un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido y no solamente realizar un trabajo sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que no tiene carácter oficial.

Destacó que el informe de la Contraloría concluye también que la OEA entregó un informe incompetente a la luz de la normativa nacional e internacional que rigen un trabajo de auditoría especial que se habría comprometido con el Estado, luego que las elecciones de octubre de 2019 fueran denunciadas de fraude electoral.

Precisó que la Procuraduría remitió la documentación a la Contraloría para que realice un estudio técnico legal sobre los procedimientos utilizados y la primera conclusión es que la OEA no entregó un informe de auditoría, tal como preveían los puntos 1 y 5 del convenio, y tampoco presentó al gobierno un informe preliminar ni un informe final de auditoría, sino que entregó un documento titulado “análisis de integridad electoral”.

Sostuvo que si había denuncias de fraude, la OEA debió investigar si hubo fraude y no lo hizo. Tampoco se advierte el empleo, aunque referencial, de las normas especiales de auditoría gubernamental del Estado Plurinacional y tampoco de las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores ISSAI 400 (por su sigla en inglés), emitiendo un pronunciamiento “sin evidencia suficiente y competente” porque no hizo una verificación física del 100% de las actas electorales.

Reiteró que el informe preliminar difundido por la OEA a través de su red social, ha provocado el golpe de Estado y “para evitar un baño de sangre” el presidente constitucional Evo Morales tuvo que renunciar acortando su mandatado.

La Procuraduría también concluye que, al no haberse cumplido los puntos del acuerdo suscrito entre el secretario general de la OEA Luis Almagro y el Estado boliviano, el Análisis de Integridad Electoral no es vinculante para el gobierno del presidente Luis Arce.

Anunció que el informe de la Contraloría será llevado a cualquier foro que sea necesario para demostrar que no hubo auditoría y, al contrario, ahora el gobierno se abre a verificar las actas que quieran y cuando quieran con las personas que denunciaron fraude electoral.