La posición del Gobierno nacional con respecto a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manejada por el uruguayo Luis Almagro es clara: la identifica como uno de los actores “responsables” de los hechos luctuosos de 2019. El Gobierno entiende que el informe preliminar del 10 de noviembre de ese año, cuando la OEA concluyó que hubo “irregularidades en el proceso electoral”, fue uno de los elementos que desató la crisis social.

El miércoles pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el canciller, Rogelio  Mayta, interpelaron a Almagro en el Consejo Permanente de la OEA, pues consideran que el uruguayo incurrió en “injerencia”. Por ello, ahora Bolivia evalúa los escenarios para dirimir el debate sobre 2019, dirigiendo el foco, especialmente, en el diplomático oriental.

Ahora bien, ¿cuáles son las instancias a las que las autoridades del país podrían recurrir para sostener su postura? Según el análisis de juristas especializados en derecho internacional público, son tres, mientras que el panorama no parece favorable para las expectativas del Gobierno. Además, los juristas consultados descartan la figura de “injerencia” e “intervención” en asuntos internos.

LOS CAMINOS Son pocas las vías que parecen asomar para que el Gobierno pueda arremeter contra la Secretaría General de la OEA y Almagro: recurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), apelar a la Unión Europea (UE) e ir en busca de una nueva pericia; y, por último, procurar apoyo directamente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) extendiéndole el caso, son las alternativas.

El abogado y analista internacional Álvaro Del Pozo, y el jurista Luis Inarra, docente catedrático y parte del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), contemplan la figura de que Bolivia pueda apelar a la CIJ, aunque ven pocas chances de que logre éxito. Del Pozo, conocedor de que el oficialismo apunta a Almagro, descarta que se dé un juicio contra él. “Imagino que el Gobierno podría intentar pedirle una opinión consultiva a la Corte de la Haya en cuanto a acciones del señor Almagro. Un juicio no puede ser, porque los estados son los únicos sujetos frente a la CIJ, pero podría solicitar una opinión consultiva sobre injerencia realizada desde la Secretaría General. Lo veo poco probable. En resumen, no encuentro posible ningún escenario jurídico que pueda dañar la situación de Almagro”.

Inarra, por su parte, observa que el escenario está muy polarizado no solo en Bolivia, sino en la comunidad internacional, divididos entre derechas e izquierdas. En ese sentido, “las fichas del juego de ajedrez internacional se van posicionando a partir de que la gran mayoría de los países miembros de la OEA no comulgan con gobiernos populistas”, dice.

Uno de los señalamientos que hicieron público Lima y Mayta es que Almagro cometió “injerencia”. Esto, bajo la idea de que presuntamente el diplomático se envolvió en asuntos de orden interno. Lima ejemplificó el comunicado del 9 de agosto pasado, cuando Almagro recordó el carácter vinculante de la auditoría de 2019 y, además, objetó la pericia hecha por la Universidad de Salamanca, que recientemente concluyó que “no hubo manipulaciones” en dicho proceso electoral.

“Más allá de que sean ciertas o no las acusaciones contra Almagro, hay intereses. El Gobierno, si está convencido de que hay una injerencia en temas internos por parte de la OEA, podría recurrir a un tribunal internacional, en este caso, la CIJ”, relata Inarra. Sin embargo, cree que el Gobierno lleva mucha desventaja, tomando en cuenta que firmó el acuerdo en 2019, en el que estuvo conforme con respetar las conclusiones de la auditoría de la OEA.

“El Gobierno, entonces de Morales, solicitó la auditoría. Más allá de que el informe sea verídico o no, la auditoría se dio con el consentimiento del Gobierno. Eso le limita el margen de acción para acudir a un tribunal internacional. Eso, en lo jurídico. Ahora, las acusaciones que lanza el MAS en contra de Almagro son personales. Ahí, debe demostrar que el Secretario General influyó arbitrariamente en ese informe de las elecciones de 2019. No hay mayores pruebas”, analiza el jurista.

Sobre las posibilidades de que Bolivia recurra a otras esferas de la comunidad internacional, el experto Sergio Castro, también del IDEI, considera que es probable que lo haga ante la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas. Enumera esas dos. Sobre la primera, asume que habrá un rechazo, pues facilitó una misión tanto en el proceso eleccionario de 2019 como en 2020. Respecto a la ONU, ve mayor diplomacia.

“La comunidad europea va a rechazarlo, pues la UE fue observadora en 2019 y también en el gobierno transitorio. Reconoció a Áñez como presidenta interina. Retrotraerse a las causas que habrían generado (la llegada del) gobierno transitorio no son jurídicas, pero que pueden recurrir, sí. La ONU es mucho más diplomática. Puede recibir el asunto, pero será una denuncia que se quedará en una declaración jurídica”.

Sobre instalar el debate con nuevas pericias, Del Pozo explica que  es factible, pero que realizar otros informes luego de casi dos años “minimiza las posibilidades de una investigación seria porque no habrá un levantamiento de información novedosa”. “Puede ser que busquemos otra pericia y nos digan que no encontraron irregularidades, claro, pero después de dos años es complicado”.

SUSTENTO LEGAL Tanto Del Pozo como Castro refieren que la discusión planteada por el oficialismo pasa más por instalar un discurso político que por tener sustento jurídico. “El Gobierno quiere establecer un precedente jurídico para limpiar la imagen política de Evo Morales, pero jurídicamente no se puede hacer nada”, asevera Castro.

Tampoco Del Pozo augura buenas expectativas para el Gobierno, en el entendido de que la estrategia sea apuntar contra Almagro y “deslegitimarlo”. Observa que una de las intenciones es que pierda apoyo por parte de los estados miembros o que sea apartado de la Secretaría. “En lo político, todo es posible, se pueden decir muchas cosas. En el campo jurídico veo pocos escenarios. El Gobierno no va a lograr el apoyo necesario para deslegitimarlo como para forzar una renuncia. Y llevar a Almagro a una instancia jurídica es personal, por lo tanto, tendríamos que hablar de un delito. Alguna autoridad habló de llevarlo a la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad que, en teoría, fueron motivados por el informe de la OEA. Lo veo imposible”. 

En cuanto a Almagro, Inarra observa que se busca “presionarlo para que renuncie o, al menos, restarle apoyo en la OEA”. No obstante, este se encuentra “tranquilo” porque goza del respaldo de Estados Unidos y la “mayoría”. Así, Bolivia intenta, según su perspectiva, tejer alianzas con otros países, como es el caso de Perú, mediante las visitas de autoridades y exautoridades a Pedro Castillo. “Eso es netamente político”, concluye el abogado.

INJERENCIA La jurista y docente catedrática de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Liz Escobar descarta por completo que exista injerencia por parte de la OEA. Argumenta que desde el momento en que Bolivia firmó la Carta Democrática Interamericana, deja sentado que “en ese caso no implica que el Estado haya sido violado”. “Firmó dos convenios: uno, con la OEA, que fue con la finalidad de respetar el informe (el segundo) convenio, de la Carta Democrática, que establece en sus artículos 1 y 2 que la democracia es una obligación de los estados porque nos hace vivir en sana convivencia. Aquí hay mala interpretación de nuestros representantes”.

Escobar destaca que “el gobierno pasado de Evo Morales acordó que todos los informes de la OEA tengan carácter vinculante”. Castro va en la misma línea y advierte que “Bolivia, cuando ratifica esa carta, establece que el concepto de democracia ya no es un asunto interno, sino internacional”.

Una hipotética salida de la OEA

REDACCIÓN: Una probable salida de Bolivia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) traería consigo graves consecuencias en la estabilidad democrática y en el comercio internacional. Así, al menos, lo comprende el abogado especialista en derecho internacional público Sergio Castro, quien recuerda el caso de Venezuela, cuando este país decidió abandonar ese organismo internacional.

“El Estado podría asumir una posición política, igual a la asumida por Venezuela. Ese país no quería cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, se retiró. Después, no deseaba estar sometido a las decisiones del Consejo Permanente de la OEA y se apartó. Si Bolivia no quiere obedecer jurídicamente estos hechos, que son verdad en derecho, debería recurrir a mecanismos políticos y abandonar estos organismos internacionales”, detalla el jurista.

No obstante, alerta sobre la figura. “Esta decisión tendría que ser justificada para el pueblo boliviano porque las consecuencias serían gravísimas para la estabilidad democrática del país y para el comercio internacional”.

Por otro lado, plantear la idea de “procesar” a Luis Almagro en Bolivia es erróneo para Castro. Si bien existe la figura de la jurisdicción universal, a la que se acoge España, por ejemplo, “eso no existe en la ley penal boliviana”, según palabras del abogado catedrático.