Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: domingo 29 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó que, si no se investigan y sancionan los 10 tipos de vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019, existe el riesgo de que esa impunidad motive, a futuro, la reiteración de esos crímenes.
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El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) alertó que, si no se
investigan y sancionan los 10 tipos de vulneraciones a los derechos humanos
cometidas en 2019, existe el riesgo de que esa impunidad motive, a futuro, la
reiteración de esos crímenes.
Esa instancia emitió
hace poco el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los
derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019”.
Durante el régimen
de Jeanine Añez (2019-2020) al menos 37 personas fueron asesinadas, más de 800
resultaron heridas y más de 1.000 detenidas de forma arbitraria, torturadas y/o
perseguidas.
El reporte exhorta
al país a investigar y sancionar esas 10 vulneraciones para evitar que se
reiteren esos crímenes.
“Cuando las
violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen
responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la
impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes
fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y
afecta la legitimidad del Estado de derecho. Por esta razón, es fundamental que
se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de
cuentas por los hechos documentados en este informe y otros similares”, indica
el reporte.
El GIEI pidió
“Investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno
respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas
imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los
responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares”.
Entre las 10
vulneraciones a los derechos humanos cometidas en 2019 se encuentran las
siguientes:
Derecho a la vida
El GIEI documentó
casos en los que personas perdieron la vida durante operativos de fuerzas de
seguridad estatales en:
– Santa Cruz:
Roberth Ariel Calizaya Soto, en Montero (13 de noviembre). Filemón Salinas
Rivera, en Yapacaní (13 de noviembre).
– Cochabamba: Miguel
Ledezma González, en Sacaba (11 de noviembre). Masacre de Sacaba (15 de
noviembre). Juan José Mamani Larico, en Cochabamba (12 de noviembre).
– Potosí: Marcelino
Jarata Estrada, en Betanzos (12 de noviembre).
– La Paz: Percy
Romer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori y Juan Martín Pérez Taco, zona
Sur, (11 de noviembre). Masacre de Senkata, en El Alto (19 de noviembre).
El GIEI documentó
casos en los que personas perdieron la vida por actos cometidos por
particulares en:
– Santa Cruz:
Marcelo Ricardo Terrazas Selene y Mario Salvatierra Herrera, en Montero (30 de
octubre).
– Cochabamba:
Limbert Guzmán Vásquez, en Quillacollo (6 de noviembre).
– La Paz: Sargento
Juan José Alcón, en El Alto (11 de noviembre). Julio Llanos Rojas, (29 de
octubre).
Derecho a la integridad personal
El informe indica
que se produjeron casos de tortura por parte de los uniformados a civiles, pero
también de particulares a otros particulares.
Estos casos ocurrieron en:
– Cochabamba:
Personas detenidas por la Policía y el Ejército (12 de noviembre). En Sacaba
(15 de noviembre).
– La Paz: Detenidas
en El Alto y La Paz (entre el 10 y 13 de noviembre).
El GIEI documentó
casos de violencia sexual y de género cometidas por agentes estatales en contra
de personas detenidas, que son constitutivos de tortura, en las ciudades de El
Alto y La Paz, el 11 de noviembre.
Personas resultaron
lesionadas, algunas con heridas de bala, durante operativos realizados por
fuerzas de seguridad estatal en:
– Santa Cruz: Montero
(13 de noviembre). Yapacaní (13 de noviembre).
– Cochabamba (12 de
noviembre). Sacaba (15 de noviembre).
– Potosí: Betanzos
(12 de noviembre).
– La Paz (entre el
28 de octubre y el 11 noviembre) y El Alto (11 y 19 de noviembre).
Los expertos documentaron actos de violencia cometidos
por particulares en:
– Cochabamba:
Retención y agresiones a Patricia Arce Guzmán en Vinto (6 de noviembre).
– Oruro: Toma y
tortura de rehenes de la Caravana del Sur en Vila Vila (9 de noviembre).
El GIEI documentó
casos en los que personas sufrieron distintos tipos de agresiones cometidas por
particulares en contra de su integridad física, psicológica y/o sexual, en:
– Santa Cruz: Entre
el 23 de octubre y el 14 de noviembre (Rotonda del Plan 3000, El Torno,
San Carlos de Yapacaní, la Doble Vía, La Guardia, Cotoca, Mairana, Ascensión de
Guarayos, el Puente de La Amistad y en el barrio Cofadena).
– Cochabamba:
Entre 28 de octubre y el 11 de noviembre, en Sacaba, la ciudad de Cochabamba y
Quillacollo.
– La Paz (entre el
28 de octubre y el 11 noviembre). El Alto (entre el 10 y el 13 de noviembre).
– Potosí: Betanzos
(12 de noviembre).
– Oruro: Ataque a la
Caravana del Sur en Vila Vila (9 de noviembre). Caravana de Mineros en Playa
Verde (10 de noviembre). Caravana en Caracollo (11 de noviembre).
Derecho a la libertad y seguridad personal
El GIEI documentó
casos en los que personas fueron privadas de su libertad de forma arbitraria,
ya sea por agentes estatales o por personas no facultadas por ley para realizar
aprehensiones. Ciudadanos reportaron haber sido detenidas y tomadas como
rehenes por particulares.
Estos casos se
presentaron en:
– Santa Cruz:
Montero (30 de octubre y 13 de noviembre). Yapacaní (13 de noviembre).
– Cochabamba (29 de
octubre y 12 de noviembre).
– Oruro: Ataque a la
Caravana del Sur en Vila Vila. Ataque a la Caravana de Mineros en Playa Verde.
– La Paz (entre
octubre y noviembre). Ciudad de El Alto (a partir del 10 de noviembre).
Derecho a la honra,
dignidad y vida privada
El documento del GIEI identifica algunos casos:
– El 11 de
noviembre, un grupo de 28 personas, incluyendo a una mujer y tres menores,
fueron ilegalmente aprehendidos en El Alto y transferidos a La Paz. Allí,
fueron presentados como terroristas y acusados de los ataques y saqueos en El
Alto, sin que primero se hubiera acreditado su participación en tales hechos.
El acto fue transmitido en vivo por redes sociales y retransmitido por la
prensa.
– El 9 de noviembre,
en La Paz, cuando cuatro funcionarios del Ministerio de Cultura fueron
aprehendidos por civiles en un garaje y entregados a la Policía, acusados de
ser partidarios del MAS y de producir bombas molotov. Su arresto fue
transmitido en redes sociales, con fines políticos.
– El 15 de noviembre
en Sacaba, Marco Carrillo Fuentes, del MAS, fue detenido e inculpado de incitar
al uso de armas de fuego y artefactos explosivos, con base en una captura de
pantalla de un video que circuló en redes y trasmitido por televisión.
– Se reportó la
difusión en redes sociales de datos personales de personas detenidas.
– Los vocales
electorales fueron expuestos públicamente en medios, lo cual atentó contra su
intimidad y su derecho a la presunción de inocencia. Fueron trasladados a pie y
enmanillados mientras recibían insultos y agresiones.
– En otros casos,
para presionar la renuncia de personas a cargos públicos, se divulgaron sus
direcciones domiciliaras en redes sociales, tras lo cual grupos de personas
llegaron hasta sus viviendas para hostigarlos y amenazarlos.
Garantías judiciales y debido proceso
En 2019, se
evidenció “el abuso del sistema de justicia para perseguir a adversarios
políticos; la criminalización de personas por su participación en
manifestaciones sociales; la criminalización de vocales electorales que
participaron en las elecciones de 2019; la utilización generalizada de
imputaciones de sedición y terrorismo, y el uso abusivo de la detención
preventiva”.
El GIEI documentó la
imputación de cargos infundados o desproporcionados; la falta de respeto a la
presunción de inocencia; la falta de asistencia jurídica satisfactoria para
personas imputadas, y el indebido ejercicio de presiones o incentivos para
aceptar culpabilidad por los cargos.
También evidenció
obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas y de familiares de las víctimas.
Libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de
asociación
El GIEI-Bolivia
sostiene que la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de
asociación constituyen fundamentos esenciales para la consolidación de una
sociedad democrática, pluralista y tolerante.
“En relación con la
libertad de expresión, durante la realización de este informe se produjeron
diversos incidentes de violencia, amenaza, amedrentamiento o intimidación a
periodistas y a sedes de medios de comunicación. Algunos de estos actos fueron
cometidos por agentes estatales”, se lee en su informe.
Incluye el caso del
15 de noviembre, cuando la corresponsal Teresa Bo, de Al Jazeera, fue agredida
con gas pimienta por la Policía mientras cubría una manifestación en vivo en La
Paz. En otros casos, manifestantes impidieron la realización de labores
periodísticas.
En relación a los
derechos de reunión y libertad de asociación, el GIEI indicó que fueron
vulnerados. En ciertas instancias, el uso excesivo de la fuerza por la Policía
y las Fuerzas Armadas en el control de las protestas sociales culminó con la
muerte y/o lesión de manifestantes, por ejemplo, en Cochabamba, Sacaba, El Alto
y La Paz.
Derecho a la no discriminación
El equipo
internacional indica que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar
el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación
alguna, por lo que todo tratamiento que pueda ser lo contrario es incompatible
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El informe concluye
que el prejuicio racial en contra de pueblos y comunidades indígenas, y la
discriminación por razón de género fue persistente, incluso en las
instituciones públicas.
“El GIEI documentó
una amplia gama de vulneraciones del derecho a un trato no discriminatorio
debido a otros factores como la condición socioeconómica y la filiación
política de las víctimas”, indicó.
La discriminación
también se evidenció en hechos de violencia que sufrieron personas que
participaron en protestas sociales, en los abusos que ocurrieron en detención o
en situaciones de privación de libertad y en el trato no igualitario ante la
ley de las personas procesadas.
Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
El GIEI documentó
graves hechos de violencia contra mujeres en contextos diversos, por ejemplo,
insultos misóginos, sobre todo en el caso de bolivianas indígenas o campesinas.
“Esta violencia se
presentó en el marco de la persecución política en contra de personas que
tuvieron vínculos con el gobierno de (Evo) Morales y fue parte de la misma.
Varias mujeres fueron detenidas y sometidas a procesos que carecían de las más
mínimas garantías procesales y de legalidad, y algunas fueron sometidas a malos
tratos durante su custodia”, se lee en el informe.
El documento resalta
el caso de una víctima que fue detenida mientras intentaba auxiliar a dos
hombres en El Alto. Sufrió golpes en el abdomen, en la espalda y en otras
partes del cuerpo, con puñetazos, patadas, cascos y toletes.
“En el trayecto a la
FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto fue
manoseada sexualmente por los policías dentro del vehículo en que fue
transportada. Una vez en la oficina de la FELCC, fue obligada a desnudarse, oportunidad
en que una mujer policía nuevamente la manoseó. En el penal femenino de Obrajes
fue repetidamente humillada por las policías, que le hacían, entre otros
tratamientos crueles, limpiar con un cepillo de dientes el comedor colectivo”,
se lee en el informe.
Entre otros casos de
hostigamiento, detención e imputación, el GIEI resalta el de Patricia Hermosa,
exjefa de gabinete de Evo Morales, perseguida en noviembre de 2019 y detenida
en el régimen de Jeanine Áñez. Fue privada de libertad y sufrió un aborto.
El equipo
internacional también destaca el caso de Lorgia Fuentes, detenida y
torturada durante el régimen de Áñez. Estuvo encadenada a una camilla de un
hospital cuando se encontraba delicada de salud. La acusaron sin pruebas de
tener vínculos con exautoridades del gobierno de Morales, por lo que la
privaron de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz.
Fue electrocutada hasta convulsionar y sufrir un infarto cerebrovascular.
Derecho a la salud
El Artículo 10 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador) establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social e indica
que la salud es un bien público.
“El GIEI documentó
diversas violaciones del derecho a la salud. Se registraron casos de denegación
de atención médica a personas detenidas y restricciones de acceso a personal
del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), como en el caso de las
personas arrestadas el 11 de noviembre de 2019 en El Alto y torturadas en
instalaciones policiales en El Alto y La Paz. En otros casos, la Policía
arrestó a heridos en centros hospitalarios, lo cual motivó a otras personas
lesionadas a abstenerse de hacerlo por miedo a ser arrestadas”, se lee.
En algunos casos, se
les negó a personas atención de manera oportuna o adecuada en esos centros, con
base en criterios discriminatorios, como su posición o filiación política o su
participación en manifestaciones.
Derecho al trabajo
El informe indica
que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
“En el marco de los
hechos de violencia investigados, el GIEI identificó la violación de diferentes
facetas del derecho al trabajo. Se vulneró la faceta de libertad del derecho al
trabajo cuando durante la crisis poselectoral y de persecución política,
servidoras y servidores públicos se vieron constreñidos a renunciar a sus
cargos, contrariando su voluntad y desconociendo sus garantías laborales”, se
asevera en el documento.
