Una de las pocas cosas coherentes que escuché de boca del ex presidente Evo Morales fue que el Informe del GIEI está confrontando más a los bolivianos, en una desacostumbrada desautorización respecto a las actuales autoridades gubernamentales sobre las que todavía ejerce tanta o más influencia que el propio Presidente de Estado. Y es que el gobierno, con no tan fundadas albricias, primero hizo la recepción oficial del documento e inmediatamente viene casi festejando los términos del ampuloso texto del que extracta los elementos de su conveniencia, minimizando en algunos casos, e ignorando en otros, las llamadas de atención que abiertamente no están dispuestos a admitir y mucho menos a subsanar.
Pero, bien, sin poner en tela de juicio la idoneidad profesional y aun moral de los integrantes de ese grupo interdisciplinario, que no ha sido objeto de impugnación por parte de ninguna de las partes en conflicto e investigadas, el mismo adolece de presupuestos insustituibles conducentes a la averiguación de la verdad sobre lo que en Bolivia ocurrió a finales del año 2019. Es decir, la contemplación de si hubo fraude o hubo golpe de Estado, la existencia de ambos hechos o la inconcurrencia de ellos, pudo haber contribuido de manera verdaderamente eficaz a la resolución del entuerto en que su frondosa literatura nos ha sumido.
Marchas de apoyo a la libertad de Jeanine Áñez, versus violentas protestas para agravar las restricciones de su detención, han marcado que Bolivia está hundida en un escenario propicio para una confrontación civil que en noviembre de ese fatídico año ya fuera anunciada por militantes del populismo.
La recomendación para recomponer la justicia boliviana es un tema sustantivo hacia una verdadera democracia, hacia una auténtica seguridad jurídica. El mecanismo de designación de los más altos magistrados de la judicatura, es el error más grosero que pueda estar contenido en una Carta constitucional, de manera que el ministro de justicia, Iván Lima, manifestó que enmendar ese despropósito es ítem que será considerado en otro tiempo; esto es, que su resolución no tiene plazo. Mas, en el ejercicio de la política, existen recursos alternativos como la simple voluntad para, a pesar del fárrago constitucional, seleccionar a verdaderos notables que garanticen una justicia proba, no solamente respecto al caso golpe o fraude, sino a todo justiciable que hoy padece los rigores de la prebenda y el interés político. De esa manera, adecuar al voto universal la elección de quienes puedan garantizar justicia. La dependencia de la justicia respecto al gobierno, vista desde la óptica de la GIEI, es asunto claramente diagnosticado por el grupo de investigación.
La memoria de la Conferencia Episcopal de Bolivia, el lapidario pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (además de efecto vinculante), contrapuestos por una pericia de parte y una publicación en el Washington Post, que sostienen la consumación de un fraude electoral y la inexistencia de tales hechos respectivamente, están permitiendo que Bolivia se fraccione en dos segmentos cada vez más difíciles de integrar.
La conclusión de que en los luctuosos hechos de noviembre de 2019 hubo efectivamente masacres, pero que ellas también existieron durante el gobierno de Evo Morales, contribuye peligrosamente a una descomposición social del país, en la medida de que unos exultan triunfo rotundo, exigiendo un inmediato procesamiento a quienes nada tuvieron que ver con ello, pero hacen de la vista gorda respecto a la violación de derechos humanos que, en la visión de la GIEI, se cometió en la parte final del gobierno masista.
En general el GIEI, más allá de entregar un trabajo de muchos meses, muy bien estructurado, pero con limitaciones respecto al ámbito de sus conclusiones, no está haciendo más que dividir al país y profundizar la brecha de una sociedad que hace varios años ha optado por un segregacionismo hacia los que no profesan el credo socialista.

Augusto Vera Riveros, es jurista y escritor.