Medio: El Diario
Fecha de la publicación: sábado 28 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El abogado y
exalcalde de La Paz Juan del Granado anunció que junto a un grupo de abogados
presentará en septiembre próximo un planteamiento de reforma judicial vía
referéndum ciudadano para iniciar los cambios que deben hacerse a la Constitución
Política del Estado (CPE).
La exautoridad municipal manifestó que la participación de la población puede
abrir paso a una reforma de la CPE para modificar, antes de 2023, la manera de
elegir a los magistrados y jueces del Órgano Judicial.
“Ya no hay nada que esperar del Gobierno ni del Estado porque se ha archivado
la reforma judicial y tenemos que encararlo desde la gente, desde la sociedad,
desde la comunidad y por ello estamos trabajando con un grupo de abogados en un
planteamiento de reforma vía referéndum constitucional para iniciar con las
reformas imprescindibles que tienen que hacerse en la Constitución, vía
referéndum ciudadano, vía iniciativa popular apelando a la democracia directa”,
explicó Del Granado en entrevista con Cadena A.
El jurista apuntó que de acuerdo a la CPE, la propuesta debe estar respaldada
por al menos un millón quinientas mil firmas, que supone el 20 % del
electorado, para que se vaya al voto ciudadano.
“Con las firmas recabadas y con la propuesta elaborada, difundida y discutida
podemos ir al voto ciudadano para hacer por lo menos las siguientes reformas
constitucionales que son la parte inicial de mediano y largo plazo de una
reforma judicial”, dijo.
El parágrafo II del artículo 411 de la CPE establece que la reforma parcial a
la Constitución podrá iniciarse también por iniciativa popular con las firmas
de al menos el 20 % del electorado. “Cualquier reforma parcial necesitará
referendo constitucional aprobatorio”, se añade en la norma constitucional.
PLANTEAMIENTO
Para el jurista la reforma de la justicia debe pasar por independencia, mejor
presupuesto, atribuciones al Consejo de la Judicatura, respeto a la justicia y
revalorización a la justicia originaria – campesina.
“En primer lugar tenemos que buscar independencia, por lo tanto debemos cambiar
la forma de cómo se eligen los jueces supremos porque el voto popular ha sido
manoseado, degradado y desperdiciado por el hegemonismo del Movimiento al
Socialismo (MAS)”, precisó.
Recordó que los magistrados fueron elegidos a través del voto popular, empero
los candidatos eran carentes de méritos por lo que, a manera de rechazo, la
ciudadanía votó en blanco o nulo, sin embargo los que obtuvieron mayoría están
instalados desde el 2017, “supuestamente administrando justicia”.
En ese marco, acotó que la forma de elección de magistrados debe cambiar y debe
primar los méritos, la experiencia y la calidad profesional.
“Tenemos que ver una manera distinta de elección donde sea la propia comunidad
a través de sus representantes que seleccionen por concurso de méritos a los
postulantes”, acotó.
Para Del Granado es necesario incorporar en la CPE que el tres o cinco por
ciento del Presupuesto General de la Nación sea para la administración de
justicia, porque el 0.5 % destinado actualmente es miserable.
“En tercer lugar tenemos que modificar las atribuciones del Consejo de la
Judicatura, hay un retroceso en la Constitución del año 2009 porque el Consejo
de la Judicatura ya no elabora el presupuesto judicial, otra vez son los jueces
supremos los que lo hacen, manejando las arcas cuando solamente tienen que
administrar justicia, hay que devolverle la atribución presupuestaria al
Consejo de la Judicatura”, aclaró.
Asimismo, dijo que se debe enfrentar la falta de acceso y revalorizar a la
justicia indígena – originaria que –en su criterio– está venida a menos en la
propia Constitución porque está subordinada a la justicia ordinaria.
Aseguró que se tiene generar una justicia de paz. “Tenemos que poner en la CPE
a los jueces de paz que son ciudadanos del distrito, del municipio, elegidos
por la propia gente que utilizan el arbitraje, la amable composición mediante
prácticas ciudadanas para evitar que todos tengamos que ir a los tribunales, a
los jueces, a los abogados y depender de la chicana y la corrupción”, apuntó.
En ese marco, dijo que a nivel nacional existen 80.000 abogados
aproximadamente, entre hombres y mujeres de una gran calidad humana y
profesional.
“Cómo no vamos a poder seleccionar a los mejores para que sean los jueces
supremos, los jueces departamentales y los jueces de sentencia. Somos como
80.000 abogados a nivel nacional y son 1.600 jueces y fiscales. Hay jueces y
fiscales probos, lamentablemente son la excepción, por ello tenemos que ir a la
reforma y hay con quién hacer la reforma en términos de justicia”, aseveró.



