Carlo Brito, abogado de Férnández, sentenciado a 10 años de cárcel por la masacre del Porvenir en septiembre del 2008, declaró a EL DIARIO que pedirán que esta denuncia pase a un proceso judicial contra el Estado.

Alegó que un resarcimiento económico no le devolverá a su cliente los 10 años de vida que fue deteriorada por el Gobierno.

En el caso del EGTK, el exdirector del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, dijo que no llegaron a un acuerdo y que ahora corresponde el juicio. “Estamos exigiendo hace un año que el caso deba pasar a la Corte. Se ha indicado a la Comisión que no existe un arreglo amistoso y no hubo ninguna propuesta por parte del Estado, a pesar de que hemos tenido reuniones donde hemos manifestado la situación de nuestros compañeros”, dijo.

Según el informe institucional de 2017 de la Procuraduría General del Estado (PGE), en el caso del EGTK es posible llegar a una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el Estado y las víctimas, la etapa procesal en la que actualmente se encuentra permite esta opción. Mientras que la denuncia planteada por la defensa legal del exprefecto, aún se encuentra en la fase de admisibilidad que es tramitada en la Comisión.

Pinto señaló que el vicepresidente Álvaro García y su hermano Raúl García decidieron ser excluidos de la demanda económica, además de Silvya de Alarcón Chumacero. El resto de los denunciantes están resueltos a continuar con su demanda contra el Estado que vulneró los derechos fundamentales de las personas fueron detenidas por más de cinco años sin la existencia de pruebas.

CASOS

El informe de la gestión 2017 emitido por la Procuraduría señala que actualmente existen 53 procesos en contra el Estado boliviano por la violación de derechos humanos ante esa instancia internacional, la mayor parte de las denuncias son por ausencia de justicia y violación de los derechos de las víctimas.

De ese total (53 casos), 27 se encuentran en la etapa de admisibilidad. La petición presentada por Alberto Méndez Prinque fue archivada debido a la falta de actividad procesal por parte del denunciante.

De los seis casos que se encuentran en etapa de conciliación amistosa, ninguno de estos tuvo avances. En esta fase se encuentra la demanda interpuesta por los miembros del EGTK quienes afirman que se esperó el cumplimiento del plazo para la solución amistosa y ahora irán a juicio.

EL DIARIO remitió un cuestionario a la Procuraduría General del Estado formulado consultas sobre estos casos, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta por parte de esa instancia de defensa del Estado.

CON SENTENCIA

La CIDH resolvió cinco casos emitiendo su fallo, el último fue el 30 de noviembre de 2016, donde dictaminó el pago del resarcimiento de daños a la víctima por la vulneración de sus derechos humanos, a la integridad personal, vida privada y familiar, acceso a la información, garantías y protección judiciales puesto que se le practicó una esterilización no informada.

El 1 de diciembre de 2016, la Corte emitió una sentencia a favor de la exalcaldesa de La Paz Lupe Andrade Salmón, donde determinaba que el Estado era responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, la violación del derecho de circulación y del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Se pagó un resarcimiento de $us 40.000 y el caso fue archivado el 8 de febrero de la presente gestión.

Los casos que también fueron cerrados son el de Renato Ticona Estrada, desaparecido el 22 de julio de 1980, durante dictadura de Luis García Meza, según el Gobierno se cumplió con el resarcimiento económico de $us 455.000.

El proceso de José Carlos Trujillo, también tuvo una resolución con el Estado. La víctima era estudiante de 21 años, torturado y desaparecido el 2 de febrero de 1972, durante la dictadura de Hugo Banzer.

ANTIGUOS Y NUEVOS CASOS

En abril de la presente gestión, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles de la Organización de Naciones Unidas emitió un fallo en favor de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el exsenador Eduardo Maldonado, donde le ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.

El caso más antiguo que pesa contra el Estado data de 1997, el coronel Blas Valencia, que fue enjuiciado y condenado por el asalto a Prosegur el año 2000 presentó una denuncia por la violación de sus derechos y la CIDH admitió su proceso.

SOLICITUD DE AUDIENCIA

Las plataformas ciudadanas y los legisladores de oposición solicitaron una audiencia a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, donde pedirán acelerar la admisión de la denuncia en contra del Estado por la Sentencia Constitucional Nº referida a la repostulación del presidente Evo Morales.

Se prevé que la Comisión sesione en el país a solicitud del Gobierno boliviano, aún no se anunció la fecha exacta para esta cita, aunque se conoció de manera extraoficial que está prevista para la tercera semana de este julio.