En la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el martes 17, la experta argentina Patricia Tappatá, luego de decir que el grupo no dudaba de calificar de “masacres” lo ocurrido en Sacaba y Senkata, y que era evidente el uso de la fuerza “de modo excesivo y desproporcionado” por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, apuntó hacia un hecho distintivo, como si fuera la marca nacional del país, de la crisis del último cuatrimestre de 2019: la violencia racista.

“En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana”, lanzó Tappatá como lo que también puede ser una definición más de “lo boliviano”. Pero además reclamó que la política se haya hecho racista: “Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales”. Pero, el racismo actuante para nada es una abstracción, por eso directamente reclamó por los indígenas, especialmente por las mujeres indígenas: “La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados”.

Así, no por nada, de las 36 recomendaciones que hace el GIEI para cerrar su informe, seis de alguna manera tienen que ver con el racismo; vale la pena transcribirlas, para escudriñar hasta en su redacción.

RECOMENDACIONES:

28. Realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación.

29. Diseñar e implementar políticas públicas de largo alcance que sean evaluadas y monitoreadas con el objetivo de construir consensos sobre el abordaje de la problemática del racismo.

30. Que los líderes políticos y sociales se abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización o violencia.

31. Promover diálogos que apunten a: a) adoptar acciones claras de lucha contra la pobreza estructural, b) generar espacios de consenso y diálogo que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad, c) integrar la perspectiva urbano-rural, d) profundizar el proceso de análisis y comprensión del “otro”, e) desnaturalizar el orden patriarcal que implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas.

33. Que las autoridades políticas y la sociedad boliviana promuevan actitudes y acciones que propicien: a) el empoderamiento de la sociedad civil y de sus organizaciones independientes para que estas se mantengan fieles a su papel generador de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado sin dejarse instrumentar políticamente; b) garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión con mayor pluralismo y respeto de las ideas ajenas; c) la democratización del espacio público mediático a través del fomento equitativo de todas las voces, especialmente las de las diversas comunidades; d) el aliento a la reflexión sobre los alcances de la responsabilidad en la circulación de la información; e) el rechazo a narrativas de odio racial, religioso y de género, así como imágenes que potencian negativamente la emocionalidad.

34. Desarrollar una política educativa (currículo, metodologías de enseñanza y formación docente) que refuerce la capacidad de las y los estudiantes de reconocerse como parte de una sociedad diversa y plural y que rechace discursos de odio, intolerancia, racismo y toda forma de discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, religión u otros. Principalmente, que la escuela proyecte una Bolivia pluricultural y plurinacional, y aliente el respeto al otro, el diálogo y la concertación para la paz.

ESTRUCTURAL. En el capítulo 4 del Informe del GIEI, cuando reflexionan acerca de las “situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, los expertos proponen cinco grandes temas macro sobre los que todos debemos volver la mirada, por ser nuestros “problemas estructurales”, a saber: el funcionamiento del sistema de justicia; la seguridad pública y la estabilidad democrática; el racismo y el desprecio a los símbolos indígenas; la violencia sexual y de género; la naturaleza de la protesta social en el país, y la situación de la libertad de expresión.

Naturalmente la mirada de los expertos del GIEI es externa, ajena en el mejor sentido de la palabra, pero acaso por eso mismo, y siendo gente que conoce también otras realidades similares, vale la pena sintetizar cómo establecen el “contexto” en el que ocurrieron los actos racistas.

No se puede dejar de apuntar el hecho, dicen, de la diferencia entre el censo de 2001 y de 2012 en cuanto al porcentaje de población que se autoidentificó indígena: 62% en 2001, y 42% en 2012, la baja de un tercio de censo a censo. “La población, por supuesto, no ha cambiado, sino que se ha identificado como mestiza en el censo, posiblemente porque trabaja en las ciudades, tiene mayores ingresos y habla predominantemente español”, pero acaso más trascendencia tenga ser conscientes de que la autoidentificación indígena puede ser “fluida, pragmática y política”. El mestizaje tampoco es homogéneo: “La mayoría de los bolivianos se consideran mestizos, de origen mixto con ascendencia indígena”.

Ahora, guste o no, destacan, el Movimiento Al Socialismo (MAS) significó nomás la expresión de la reivindicación indígena. “La identidad indígena y la exclusión fueron fundamentales en el proyecto político del partido MAS-ISP y en la elección de Evo Morales como presidente”, quien “hizo hincapié en sus raíces y abrió un espacio para la participación indígena tras siglos de exclusión de la toma de decisiones”. De esta misma reivindicación son parte la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, apuntan.

HISTÓRICO. “El GIEI entiende que el racismo contra los pueblos indígenas es histórico y estructural. El éxito del MAS-ISP y la elección de Evo Morales como presidente aumentaron la presencia de representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea y en puestos de autoridad. Los actos abiertos de discriminación contra los pueblos indígenas, en el período posterior a 2006, sugieren que la agenda política inclusiva del Gobierno exacerbó el resentimiento de los sectores de la sociedad que habían sido tradicionalmente dominantes y generó consiguientes actos de racismo”, resaltan los expertos.

Ahora, el GIEI no deja de señalar que los pueblos indígenas no son un grupo homogéneo, que hay diferencias objetivas, por ejemplo, con relación al MAS de los pueblos indígenas de tierras altas y los de tierras bajas; no deja de mencionar la tensión que generó el proyecto de construcción de la carretera entre Cochabamba y Beni a través del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).

En el conflicto de 2019, dice el GIEI, “los principales acontecimientos incluyeron un componente significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial que reavivó una problemática histórica y estructural de identidad arraigada en el Estado boliviano”. En la intolerancia y actos de racismo hubo responsabilidad de los dirigentes sociales y políticos y por parte del Estado, critica: “El clima de polarización ideológica en la población creció en la medida en que los líderes políticos incentivaron o toleraron la violencia que ejercían sus respectivos simpatizantes, a lo que se sumó la ineficaz intervención de las autoridades del Estado”.

La polarización promovió dos tendencias, aseguran los expertos: “La estigmatización de la población indígena, campesina, rural, en situación de pobreza o de tez morena como simpatizante del MAS, y la incorporación de una ideología religiosa al movimiento político de oposición. En efecto, el uso de la Biblia y la religión durante los cabildos de los comités cívicos jugaron un papel relevante para justificar la causa divina de su movimiento contra Evo Morales y fomentar una idea antiindigenista que pretende restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.

Los siguientes, algunos actos de racismo que el GIEI relata:

– El 25 de octubre, una destacada boxeadora boliviana expresó públicamente insultos racistas y se mofó de la forma de hablar de Evo Morales con expresiones como “indio de mierda”.

– El 29 de octubre, en un punto de bloqueo en la ciudad de Santa Cruz, un sujeto agredió verbalmente a unas personas que pretendían transitar en su vehículo, gritándoles “collas de mierda”, “váyanse a Cochabamba o a La Paz, pero aquí no”. Este tipo de conducta fue normalizada y reiterada en el departamento.

– El 6 de noviembre, en la ciudad de La Paz, manifestantes de oposición causaron daños al taxi de una persona por ser de tez morena e identificarla como masista.

– En Cochabamba, entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala agredieron a integrantes de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y a las mujeres de la Federación de Mujeres Campesinas de Cochabamba “Bartolina Sisa”.

– Testimonio recogido por el propio GIEI: En Cochabamba, si tenías una pollera azul, a las mujeres se les gritaba “esos son los masistas”. También se revisaban los carnés, a personas del pueblo, y dependiendo de la provincia les decían son “masistas”. La gente en Cochabamba realizaba actos de discriminación en contra de nosotras, las mujeres de pollera, eso era justificación para que nos insultaran, en algunos casos nos golpearan y nos dijeran que nos pusiéramos a “limpiar nuestras casas”.

– El 6 de noviembre fue uno de los días más críticos en cuanto a la violencia contra las mujeres. La denominada Resistencia Juvenil Cochala agredió física y verbalmente a mujeres de pollera que se manifestaban pacíficamente en una marcha190 y, en otro evento, a Patricia Arce, alcaldesa de Vinto.

– El GIEI observa con especial preocupación cómo la religiosidad en ciertos sectores sociales y políticos adquiere significado político antiindígena, como expresaba el dirigente cívico de entonces, Luis Fernando Camacho, que tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, había publicado en redes sociales: “¡Dios volvió al palacio y 15 min después empezaron las renuncias de todos los delincuentes de este país! ¡A quienes no creyeron en esta mucha [sic], les digo que Dios existe y ahora va a gobernar Bolivia para todos los bolivianos! Mañana iniciamos procesos a los senadores, diputados, ministros, viceministros y todos los que humillaron a nuestro pueblo… no es odio ni venganza, ¡es justicia! ¡Dios bendiga Bolivia! ¡Dios bendiga nuestra juventud!”.

WIPHALA. En este contexto de repudio generalizado a lo indígena, identificado con el MAS, ocurren las acciones de policías arrancándose la wiphala del uniforme. “El agravio al símbolo indígena acrecentó la polarización y generó mayor descontento y la reacción violenta de un sector de la población, primordialmente habitantes de Cochabamba, el trópico, El Alto y algunos sectores de La Paz”. Aunque luego vinieron las disculpas oficiales, los desagravios al símbolo patrio, aseveran los expertos.

Un hecho que remarca el GIEI es que los hechos de racismo se incrementaron por la acción conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas: “Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión y el uso de lenguaje racista y antiindígena se dirigieron exclusivamente en contra de la población movilizada que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata.212 En efecto, la gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecían a ese segmento poblacional”.

Otro lugar de discriminación, relieva el Informe del GIEI, fueron algunos centros médicos. “De la misma forma, algunos profesionales de los servicios de salud pública y privada tuvieron un trato discriminatorio hacia las personas heridas que se acercaban a los hospitales para recibir atención médica. De acuerdo con testimonios recibidos por el GIEI Bolivia, quienes acudían a un centro de salud con herida de bala eran discriminados y culpabilizados por su condición”.

El GIEI concluye reconociendo “múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas en el periodo analizado. Estos se concretaron en violencia selectiva contra miembros de pueblos y comunidades indígenas, persecución específica de personas indígenas en posiciones de autoridad, insultos y epítetos racistas, incluso por parte de representantes de las autoridades, y ataques a símbolos de identidad, como a la wiphala o el vestido indígena”.

Al GIEI, dice, le preocupa que “los actos de discriminación y violencia se dirijan a las mujeres indígenas en particular (…) Específicamente, en el contexto de Bolivia, los conflictos de 2019 mostraron cómo la discriminación y el racismo afectan a las mujeres, a quienes se las señala por el uso de una pollera, por un fenotipo característico del sector indígena y por su condición socioeconómica”.

ACTITUD. “En algunos casos, afirman, fue evidente que el comportamiento del personal policial y médico estaba fuertemente sesgado por criterios raciales y étnicos”. Esto es particularmente “riesgoso”, advierten, pues se trata de autoridades o profesionales que deben hacer cumplir la ley, y con estas prácticas abren las puertas a la discrecionalidad en el trato.

Un efecto del predominio de criterios racistas combinados con posturas políticas, distorsionaron la función de los fiscales y las fuerzas policiales, subraya el Informe del GIEI.

“El uso de perfiles que se basan en fenotipo o ideología política estigmatizó y se constituyó en presunción de culpabilidad contra toda persona que encajara en los mismos. De esta forma, la Fiscalía y la Policía responsable de los actos de detención omitieron la evaluación de los elementos que indicaran la relación de las personas con la comisión de un delito o que requería atención médica. En consecuencia, las detenciones y los servicios médicos realizados con estos criterios carecen de legitimidad y resultan arbitrarios”.

El racismo “adquirió relevancia durante el periodo analizado por el GIEI y permanece en el esquema de prioridades que el Estado debe atender para avanzar en una genuina y sana convivencia democrática”.

La lucha por la igualdad, dice el GIEI, no debería contradecir lo avanzado por el Estado Plurinacional, pero tampoco tendría que ahondar la polarización social: “La atención al racismo no podrá afectar el espacio de igualdad ya ganado por la población indígena con la construcción del Estado Plurinacional y la afirmación de la ciudadanía intercultural, y deberá, a la vez, avanzar sin atizar la polarización social”.