Julio Pinto Mamani, de 51 años, fue la última persona en morir tras la represión de Sacaba del 15 de noviembre de 2019. Falleció siete meses después, con una bala en el cráneo. Otras ocho personas de un total de 20 murieron de la misma forma en las masacres.

Aquel día, efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se apostaron en el puente Huayllani, en Sacaba (Cochabamba), con el objetivo de impedir el ingreso a la capital de una marcha de cocaleros, tres días después de la proclamación de Jeanine Áñez y cinco de la renuncia del presidente Evo Morales.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, el cordón de contención policial-militar consignaba ese día una primera y segunda líneas de elementos policiales, una tercera por unidades del Ejército y una cuarta por efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana.

El documento explica que entre los contingentes especializados en disturbios de la Policía y equipos de control antidisturbios (ECA) de las Fuerzas Armadas “estaba presente una patrulla de satinadores (tropas de élite del Ejército, compuesta también por francotiradores), cuyo número de efectivos no fue reportado”.

Cuatro de los 10 fallecidos en Huayllani fueron víctimas de impactos de bala en la cabeza. El GIEI resumió las muertes en lesiones en el abdomen, tórax y cabeza. Además, señala que “siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y munición de alta velocidad”.

“Solamente dos víctimas fueron alcanzadas por balas que penetraron de atrás para adelante, lo que contradice la declaración del ministro de Defensa (NdR: ministro de Gobierno) en la fecha del 16 de noviembre de 2019”.

El informe aludió al ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo. “¿Cómo han podido recibir un tiro ahí? ¿El compañero de atrás le disparó? Lo que decían: ‘Hagamos daño y les echamos la culpa a ellos. Aquí hay una mente macabra que está detrás y todos sabemos quién es. Ya estaban los ataúdes listos y los letreros también”, dijo entonces aquél.

El informe del GIEI devela la gravedad de la intencionalidad de las fuerzas contra los manifestantes: “Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”.

Es más, según las investigaciones, se “concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese  caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

“No se comprobó que manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego, entre sí o en contra de las fuerzas de seguridad”, aclara.

SENKATA. La masacre de Senkata, el 19 de noviembre, tuvo las mismas características: cuatro de las 10 víctimas fatales murieron por impacto de bala en la cabeza.

Los conflictos comenzaron el 10 de noviembre, el mismo día de la renuncia de Morales. Las protestas cuestionaban la proclamación de la senadora Áñez.

Los manifestantes bloquearon el acceso a la planta de Senkata, en El Alto, que derivó en la escasez de combustibles en La Paz.

El GIEI recuerda que las Fuerzas Armadas anunciaron el 11 de noviembre “el inicio de operaciones conjuntas  con la Policía para brindar seguridad a estructuras de servicios esenciales del Estado y realizar actividades de patrulla”.

El 19 de noviembre, las Fuerzas Armadas tomaron el control de la planta con tropas de la División Mecanizada 1, RCM-4 “Ingavi” y RAAM-6 “Mariscal Bilbao”.

Si bien el GIEI descartó, bajo informes previos, que los manifestantes hayan intentado “volar” la planta y que ésta hubiera estado en riesgo, como denunciaron entonces autoridades del gobierno transitorio y medios de información, la represión degeneró cuando un grupo de 50 personas derribó a pulso el muro de la estación.

Por varias horas  hubo “una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal”.

Y “las evidencias recabadas por el GIEI indican que los disparos que resultaron en muertos y heridos se originaron en estas fuerzas de seguridad”.

Instituciones de derechos humanos reportaron un undécimo  fallecido, Emilio Fernández.

La noche de la masacre, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que la operación militar fue “pacífica”. “De las Fuerzas Armadas no salió un cartucho (…) hasta el momento no tenemos el parte correspondiente de la autopsia”, insistió.