Medio: La Razón
Fecha de la publicación: sábado 28 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Julio Pinto Mamani,
de 51 años, fue la última persona en morir tras la represión de Sacaba del 15
de noviembre de 2019. Falleció siete meses después, con una bala en el cráneo.
Otras ocho personas de un total de 20 murieron de la misma forma en las
masacres.
Aquel día, efectivos
de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se apostaron en el puente
Huayllani, en Sacaba (Cochabamba), con el objetivo de impedir el ingreso a la
capital de una marcha de cocaleros, tres días después de la proclamación de
Jeanine Áñez y cinco de la renuncia del presidente Evo Morales.
Según el informe del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la
violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019,
el cordón de contención policial-militar consignaba ese día una primera y
segunda líneas de elementos policiales, una tercera por unidades del Ejército y
una cuarta por efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana.
El documento explica
que entre los contingentes especializados en disturbios de la Policía y equipos
de control antidisturbios (ECA) de las Fuerzas Armadas “estaba presente una
patrulla de satinadores (tropas de élite del Ejército, compuesta también por
francotiradores), cuyo número de efectivos no fue reportado”.
Cuatro de los 10
fallecidos en Huayllani fueron víctimas de impactos de bala en la cabeza. El
GIEI resumió las muertes en lesiones en el abdomen, tórax y cabeza. Además,
señala que “siete de las víctimas presentaban orificios de entrada y salida de
proyectil de arma de fuego, lo que es indicativo de disparos con rifles y
munición de alta velocidad”.
“Solamente dos
víctimas fueron alcanzadas por balas que penetraron de atrás para adelante, lo
que contradice la declaración del ministro de Defensa (NdR: ministro de
Gobierno) en la fecha del 16 de noviembre de 2019”.
El informe aludió al
ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo. “¿Cómo han podido recibir un
tiro ahí? ¿El compañero de atrás le disparó? Lo que decían: ‘Hagamos daño y les
echamos la culpa a ellos. Aquí hay una mente macabra que está detrás y todos
sabemos quién es. Ya estaban los ataúdes listos y los letreros también”, dijo
entonces aquél.
El informe del GIEI
devela la gravedad de la intencionalidad de las fuerzas contra los
manifestantes: “Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las
fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de
matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga”.
Es más, según las
investigaciones, se “concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten
inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fusil. En los términos de
la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las
muertes como ejecuciones sumarias”.
“No se comprobó que
manifestantes hayan hecho uso de armas de fuego, entre sí o en contra de las
fuerzas de seguridad”, aclara.
SENKATA. La masacre
de Senkata, el 19 de noviembre, tuvo las mismas características: cuatro de las
10 víctimas fatales murieron por impacto de bala en la cabeza.
Los conflictos
comenzaron el 10 de noviembre, el mismo día de la renuncia de Morales. Las
protestas cuestionaban la proclamación de la senadora Áñez.
Los manifestantes
bloquearon el acceso a la planta de Senkata, en El Alto, que derivó en la
escasez de combustibles en La Paz.
El GIEI recuerda que
las Fuerzas Armadas anunciaron el 11 de noviembre “el inicio de operaciones
conjuntas con la Policía para brindar seguridad a estructuras de
servicios esenciales del Estado y realizar actividades de patrulla”.
El 19 de noviembre,
las Fuerzas Armadas tomaron el control de la planta con tropas de la División
Mecanizada 1, RCM-4 “Ingavi” y RAAM-6 “Mariscal Bilbao”.
Si bien el GIEI
descartó, bajo informes previos, que los manifestantes hayan intentado “volar”
la planta y que ésta hubiera estado en riesgo, como denunciaron entonces
autoridades del gobierno transitorio y medios de información, la represión
degeneró cuando un grupo de 50 personas derribó a pulso el muro de la estación.
Por varias
horas hubo “una operación de persecución violenta en contra de los
manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal”.
Y “las evidencias
recabadas por el GIEI indican que los disparos que resultaron en muertos y
heridos se originaron en estas fuerzas de seguridad”.
Instituciones de
derechos humanos reportaron un undécimo fallecido, Emilio Fernández.
La noche de la
masacre, el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que la
operación militar fue “pacífica”. “De las Fuerzas Armadas no salió un cartucho
(…) hasta el momento no tenemos el parte correspondiente de la autopsia”,
insistió.



