El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, presentó este sábado un informe de la Contraloría General del Estado con el que afirmó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no llevó a cabo ninguna auditoria al proceso electoral de 2019, que fue anulado en medio de sospechas de fraude.

"La OEA primero no ha hecho auditoría, segundo, no ha utilizado ningún parámetro de auditoria nacional. No ha hecho auditoría al cómputo que era el objeto central, que había comprometido la OEA; en la segunda conclusión del informe dijo que se basó en el TREP en desmedro de las actas electorales que se convierten en el documento de votos", declaró el procurador, en conferencia de prensa.

En su informe de Análisis de Integridad Electoral a las elecciones del 20 de octubre de 2019, el organismo internacional señaló que en esos comicios “hubo manipulación dolosa” y graves irregularidades, por las que no pudo garantizar la integridad de las elecciones.

Con la documentación remitida por el contralor Henry Ara, Chávez señaló que la OEA no cumplió con ninguna normativa nacional ni internacional para realizar el trabajo y manifestó que el análisis llevado a cabo por el organismo no se basó en el cómputo oficial.

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“El informe señala ‘por lo que su pronunciamiento carece de eficiente y competente’. Esto nos está diciendo que no han hecho el trabajo. En esta segunda conclusión que es trabajo de la OEA se ha centrado en un sistema de información rápida que tenía que dar un parámetro”, añadió.

El procurador añadió que hubo un incumplimiento del acuerdo por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la fecha y la forma en que se publicó el informe preliminar del trabajo del equipo de auditores.

Asimismo, que éste debía ser entregado al gobierno de Evo Morales el 13 de noviembre y no el 10 de noviembre. Indicó que hubo una actitud "golpista" de parte de Almagro.

La auditoría de la OEA a los comicios de octubre de 2019 se realizó in situ y contó con el trabajo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades. Ese análisis de integridad electoral se llevó a cabo a “invitación” del entonces gobierno de Morales, cuya administración acordó que sus resultados serían vinculantes.

El equipo de expertos internacionales y auditores arribó a Bolivia el 31 de octubre de 2019 y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. El informe preliminar fue difundido el 10 de noviembre de 2019 y concluyó, entre otras cosas, que el proceso había sufrido una "manipulación dolosa".