Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 29 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
En el abandono, desprotegidos y con heridas que no sanan, más de un centenar de víctimas de la emboscada de Vila Vila claman por justicia. Aseguran que los autores materiales e intelectuales del ataque a los cívicos pretenden borrar de la historia los hechos violentos de 2019 para evadir responsabilidades.
Contenido
En el abandono, desprotegidos y con heridas que no sanan, más de un centenar de víctimas de la emboscada de Vila Vila claman por justicia. Aseguran que los autores materiales e intelectuales del ataque a los cívicos pretenden borrar de la historia los hechos violentos de 2019 para evadir responsabilidades.
El 9 de noviembre de 2019, 11 buses que partieron desde Sucre y Potosí para reforzar las protestas contra el gobierno de Evo Morales en La Paz fueron emboscados a la altura de Vila Vila, en la carretera Oruro-La Paz. Los atacantes portaban palos, picotas, piedras, agentes químicos y armas.
Eran transportados y apoyados por extranjeros, funcionarios de alcaldías y gobernaciones que usaron recursos públicos para la emboscada a nombre del “proceso de cambio”, denuncian.
Han pasado casi dos años desde entonces, pero C.C. -una de las víctimas- no ha vuelto a dormir en paz; M.Y. no puede olvidar el olor a sangre y gasolina; L.S. recibe amenazas para dejar su comunidad. Nada ha vuelto a ser lo mismo.
“Las secuelas son físicas y psicológicas. Muchos están viviendo con dolor y ninguno ha recibido ayuda estatal, ni en la gestión de Añez ni en la de Arce. No hay justicia y estamos desprotegidos”, afirma el representante de las víctimas de la emboscada en Vila Vila, Carlos Puita.
Los informes oficiales señalan que 15 personas fueron tomadas como rehenes y otras 37 resultaron heridas y fueron atendidas en los hospitales Obrero, Oruro-Corea y en los centros de salud de Vila Vila y Caracollo; sin embargo, Puita tiene una lista con más de un centenar de víctimas. La cifra fácilmente se duplica si se habla de daños psicológicos y de quienes decidieron ocultar su situación al sentirse amenazados o abandonados.
Foto: RRSS
Las demandas de justicia por las graves vulneraciones a los derechos humanos no tienen respuestas del Gobierno, cuya agenda se redujo a las masacres de Senkata y Sacaba. Desde el Ejecutivo se paga spots sobre estos dos casos, se encargan investigaciones, documentales y libros; pero sobre las emboscadas a jóvenes y mineros en Vila Vila se guarda silencio.
“Lo que quieren es borrar esa parte de la historia que no les conviene. Pero nosotros no podemos olvidarlo porque tenemos marcas que nos lo recuerdan y que no se pueden borrar”, afirma C.C.
En la gestión de Añez se instruyó ayuda económica para las víctimas de los conflictos de 2019, pero acceder a ella se hizo imposible para los emboscados en Vila Vila. Para su reposición, cada gasto debía estar respaldado con una factura, un certificado médico y otros documentos inaccesible para las víctimas que viven en Potosí y Sucre y fueron atendidos en Oruro.
“Al último lo dejamos porque nosotros no fuimos por dinero, un sueldo o un puesto. Es lamentable que no se nos haya dado protección. Rogamos por una audiencia con la presidenta, con los ministros Murillo, Núñez o con nuestro cívico Pumari, pero nadie nos atendió. Nos sentimos abandonados y más ahora”, lamenta Puita.
Las pruebas las tienen ellos
Después 21 meses de los hechos y meses de investigación, hace dos semanas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia) comprobó que en el ataque los miembros de la denominada Caravana del Sur fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que no fueron investigadas.
El CIEI ha recomendado reabrir el caso y retomar las pesquisas con justicia independiente, opción que fue descartada por la Fiscalía de Oruro con el argumento de que “no existen pruebas suficientes”.
“Cuando nos interceptaron, nos torturaron, nos golpearon, nos humillaron y todo lo grabaron. Tomaron fotos, videos y audios, ahí están las pruebas de lo ocurrido y los atacantes las tienen”, afirma L.S., miembro de la Caravana del Sur.
Cuenta que aún recibe amenazas constantes por haber sido parte de la movilización y que se siente perseguido. Pero lo único que importa, dice, es que haya justicia para que llegue la paz al país. Por eso, para él, el informe de la GIEI significa mucho, porque confirma que la justicia no fue objetiva
“Debe haber imparcialidad, es la única forma”, sostiene. Sabe que conseguir justicia puede llevar años y que tras agotar las vías internas, será necesario acudir las internacionales. “Hasta entonces habrá más persecución y necesitamos garantías”, demanda.
Que no se olvide
- Memoria Pese a que en las emboscadas fueron despejados de sus celulares y cámaras, las víctimas lograron recolectar imágenes del ataque.
- Documentación Se espera recolectar los testimonios que sirvan para elaborar un documental o un archivo que guarde toda la información sobre los hechos violentos y poder denunciar lo ocurrido.
- Omisión Puita sostiene que ninguna institución estatal se acercó para pedir sus testimonios. “El Gobierno no habla de todas las víctimas, es justicia si es para todos, si solo es para un bando, es venganza”, dice.
Foto: El Potosí
“Las heridas no sanan, nos marcaron a las mujeres”
Como todos sus compañeros, hace casi dos años C.C. no duerme bien. La emboscada le dejó marcas no solo por fuera, también por dentro. Está lejos de aquel lugar donde vivió una pesadilla, pero al cerrar lo ojos se ve de nuevo en el camino y ya ni en su propia cama se siente segura.
Retomó sus clases en la universidad y trata de salir de la crisis en la que las familias potosinas quedaron luego del paro en defensa del litio, los conflictos poselectorales y la pandemia. Todo se sumó a la “indiferencia gubernamental” que vive la región hace años.
C.C. fue parte del Caravana del Sur. Guarda su identidad por el acoso y persecución de la que es víctima desde entonces.
“Íbamos a La Paz. Noche antes nos quedamos en Oruro, porque nos informaron que había movimientos extraños en el camino. Al retomar el viaje, ya había un bloqueo de piedras y tierra trasladada con maquinaria pesada y ahí nos emboscaron. No solo tenían hondas, piedras y palos, también usaban granadas de gas”, relata.
Desde entonces, repitió su historia varias veces. A veces en soledad y otras frente a testigos, esperando conseguir que los hechos no se olviden y se haga justicia. En todas relata y revive como fueron capturados, desnudados y torturados, sin importar si eran hombres o mujeres. A ellas les arrancaron la ropa con saña, amenazas y agresiones sexuales.
“No solo eran comunarios, había gente extranjera que portaba armas. Y lo que es peor... había adolescentes, casi niños que eran usados para evitar que nos defendamos. Esas heridas no sanan, son grandes y más en las mujeres. Hay cosas muy fuertes que no se cuentan, que no salen en los medios pero no deben quedar impunes”.
Siente que la herida más grande es la que se abrió entre bolivianos por un “simple apetito personal”. “Discúlpeme, derecho humano es recibir atención médica, la libertad de expresión y movilización; todo lo que nos negaron... no lo es la repostulación”.
Hoy C.C. agradece a la gente de Oruro y a la Policía que fueron a rescatarlos. “Si no llegaban, las muertes no serían 37, se contarían por centenas. Porque cuando volvíamos a Oruro, encontramos otro bloqueo en Caracollo. Querían eliminarnos para que nadie se atreva a levantarse”.
“No tenemos nada que ver con lo político, no buscamos réditos”
Arnold Palenque es uno de los jóvenes voluntarios que partió con la Caravana del Sur desde Potosí en noviembre de 2019. “Nos emboscaron, tomaron compañeros de rehenes; hubo torturas. Todos lo saben, pero no todos hablan de ello”, asegura.
“Ahora soy el vocero de los jóvenes voluntarios ‘Los Z’...”, se presenta Arnold. Explica que su grupo no tiene un sector específico, como lo tenían los otros componentes de la caravana que se dividían en universitarios, gremiales, juntas vecinales, feriantes, agricultores, etc.
“Algunos de mi grupo son electricistas, mineros, vendedores y taxistas. Todos, trabajadores y voluntarios, entonces y ahora. Qué le puedo decir, era un momento difícil y decidimos partir para apoyar las protestas en La Paz”, dice.
Recalca que su movimiento es puramente ciudadano, que nada tiene que ver con lo político. Pese a todo, cuenta, los miembros de su grupo permanecen en contacto y hoy siguen trabajando esperando que haya justicia o que las calles los vuelvan a convocar.
“Lo que pasó creo que ya es conocido por todos, solo que no todos hablan de ello. La gente secuestrada y atacada era de nuestros buses porque estábamos delante. Nuestra idea era llegar a La Paz y tener una protesta pacífica, no llevábamos más que nuestras banderas. La gente del MAS nos sorprendió, porque ellos sí estaban organizados y armados. Tenían todo planeado, nosotros no”.
Durante este tiempo ha tratado de seguir los procesos legales iniciados en aquel entonces, pero con tristeza vio que no hay ningún acusado o investigado. Sus denuncias se perdieron en un pimponeo jurisdiccional entre las fiscalías de Oruro y Potosí que cerraron el caso sin más, sin tomar en cuenta las pruebas, los funcionarios reconocidos ni los testimonios.
“Si algo cambió con lo ocurrido, es que los potosinos estamos más unidos y ya no vamos a dejarnos abusar nunca más”.
“Nos golpearon sin piedad, iban a quemarnos”
“Cuando nos preguntan es volver a recordar algo que para nosotros pasó hace mucho. Desde entonces hasta ahora, el único informe que nos ha dado cierta paz es el de la GIEI. Trabajó con imparcialidad y mostró los hechos que fueron aprovechados por ambos bandos. La población fue la única víctima”, señala M.Y, miembro de la caravana emboscada en 2019.
Cuenta que su movilización no solo era por la crisis electoral, sino que tenía un pliego petitorio que Potosí arrastra desde hace varios años, incluyendo al 21F. Venían de un paro por el litio que duró alrededor de un mes y tenía antecedentes en el primer paro de los 19 días en 2010 y el de 27 días en 2015.
“Ya estábamos cansados, porque en esta región no hay fuentes laborales seguras, la mayoría vivimos de la informalidad, postergados. El litio es nuestro futuro y lo estaban negociando, era motivo suficiente para movilizarnos. Era nuestro derecho pero fuimos emboscados. No teníamos ningún apoyo”, afirma.
Cuenta que cuando su bus se topó con el bloqueo en el camino, intentaron abrir paso. Pero desde los cerros bajaron grupos de personas con hondas, piedras, picotas y gases lacrimógenos. Vano fue el intento de negociar y fueron atacados.
“Los atacantes tenían logística, estaba planeado. A los cerros subían camionetas oficiales cargadas de gente. Al tratar de escapar nos han agarrado de un lado y otro. Nos han golpeado sin piedad, a patadas, con palos y picotas, entre los agresores había jovencitos de 13, 14 y 15 años que no eran conscientes de lo que hacían”.
M.Y. fue retenido en el cerro donde fue torturado y posteriormente arrastrado por todo el terreno. Eso es lo último que recuerda antes de abrir los ojos en medio de la carretera. Ahí mujeres que eran parte de los agresores pedían al resto que paren la golpiza porque se estaba saliendo de control.
Poco duró la tregua y a empujones el grupo de rehenes fue llevado hasta un puente cercano. Ahí M.Y. escuchó su sentencia: “Aquí... de una vez, los quemaremos”. Y empezó una disputa entre los agresores. “Si los quemamos aquí, van a venir a destrozar el pueblo”, decían unos. “Ya es mucho”, decían otros. “Vamos a llevarlos más lejos, soltaremos a los más lastimados y al resto los quemaremos”, acordaron.
“Ellos filmaron todo, se advirtieron que nadie podía subir eso a las redes, para que no los procesen. Llegamos a una fosa lista con paja y gasolina. Agradezco al personal de salud que logró llegar y los convenció de que les dejen atendernos. Allí nos dijeron que ellos nos iban a resguardar”, relata.
No puede olvidar aquella escena, donde uno de sus compañeros ya no veía nada a causa de los golpes en los ojos, otro tenía la cabeza partida y otro no podía respirar. Aún escucha cómo una doctora rogaba a los captores llevar a los rehenes a un lugar con sombra y como uno respondía “que mueran, son de Camacho”.
“Yo no conozco a Camacho, jamás lo vi. Solo quería que haya un cambio”, sostiene.
A su parecer fue Evo Morales quien sembró el resentimiento entre izquierda y derecha. “Pero todo extremo es peligroso, “así lo comprendemos ahora”.
“Se dice que Añez es culpable de Senkata y Sacaba y se prepara su juicio; en el Parlamento se acordó ayuda para esas víctimas. ¿Pero para los demás, qué hay? Añez todavía no era presidenta, ¿quién es culpable?, ¿con qué se curan las heridas las otras víctimas? El GIEI dice que hay responsabilidades y es claro en sus conclusiones: la justicia tiene que despolitizarse. Tiene que haber justicia... para todos”, reclama M.Y.
