Luego de los hechos de violencia de octubre y noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Bolivia acordaron la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridas en Bolivia, que dejaron más de 800 heridos y 37 fallecidos.

Luego de ocho meses de intenso trabajo, el GIEI-Bolivia presentó su informe final, que refleja un enorme esfuerzo investigativo para contribuir a esclarecer esos hechos. Uno de los mayores valores de este informe, es que toma como centro las voces de las propias víctimas, sin diferenciar su posición política.

En este marco, el informe aborda los principales obstáculos para el derecho a la verdad y la justicia; además de proponer un plan de atención y reparación integral para las víctimas; remarcando la necesidad de “reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctimas”, sin ello no puede haber un proceso de recomposición del tejido social.

El informe identifica las causas de la crisis de 2019, que se remontan a los intentos para lograr una cuarta reelección consecutiva del presidente en ejercicio y el debilitamiento de las instituciones democráticas, “que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento”, a tal punto que no pudieron contener el estallido social ocurrido.

Si bien el GIEI “consideró las narrativas sobre los presuntos fraude electoral y golpe de Estado como elementos de contexto para la investigación”, deja claro que sus conclusiones no se refieren ni incluyen una evaluación sobre ambos eventos.

A continuación, el informe estudia las fuentes de la violencia suscitada en el contexto de las protestas ciudadanas, incitadas “por discursos antagónicos y por decisiones políticas” que polarizaron al país. De la violencia que se dio entre los grupos sociales movilizados, la más extensa fue perpetrada por particulares, favorecida por acciones y omisiones de agentes del Estado, y la más intensa se originó a partir del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, de las que resultaron graves violaciones a los derechos humanos, que no han sido adecuadamente investigadas, juzgadas y sancionadas.

El GIEI observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar el debido proceso en sus actuaciones. El informe concluye que: “En diversos casos examinados, las instituciones del sistema de justicia iniciaron procesos judiciales con evidentes fines de persecución política”, y que esa práctica “persiste en la actualidad”.

El informe devela las principales debilidades existentes frente a la injerencia política en la justicia. Una de ellas es que la mayoría de los jueces y fiscales ocupan cargos con carácter transitorio, sumado a la falta de independencia de las entidades encargadas de los nombramientos; además del bajo presupuesto para el sistema de justicia, lo que afecta su efectividad y cobertura.

El GIEI-Bolivia concluye que: “Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la reforma de instituciones claves para el funcionamiento de la democracia”, como es la administración de justicia, recomendando implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura no sea utilizada para fines políticos por el gobierno de turno, reformas que deberían estar destinadas a adecuar las instituciones a su rol democrático, conforme al Estado de derecho.

El GIEI concluye señalando que: “Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– para fortalecer la independencia de las instituciones que deben afirmar su autonomía y funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes… diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos”.

El GIEI es contundente en reclamar investigaciones serias, efectivas, exhaustivas, diligentes, con pleno respeto del debido proceso, así como el juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables para evitar la impunidad por estos hechos. Sin embargo, no es tan categórico en sus recomendaciones, sobre cómo esto será viable –en el corto plazo–  de manera genuina con las condiciones de falta de independencia y escasa capacidad técnica para las investigaciones y juzgamiento a cargo de los actuales operadores de justicia.

¿Será posible que las actuales autoridades judiciales y fiscales que no cumplieron su labor con integridad e imparcialidad, puedan hacerlo ahora de manera independiente y efectiva?

Por ejemplo, el GIEI para Nicaragua, recomendó ante la falta de independencia judicial, establecer instancias especializadas y mixtas, con la participación de jueces y fiscales internacionales, así como los mecanismos necesarios para garantizar la revisión independiente de las actuaciones de los jueces, a fin de determinar si se habría violado el debido proceso, y sugiere: “Esta labor debe ser llevada a cabo por magistrados debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia”.

La reforma y saneamiento del sistema de justicia será resultado de un proceso de largo aliento, por lo que en lo inmediato se hace necesario diseñar un mecanismo ad hoc de justicia transicional, imparcial e independiente para la investigación especializada de los hechos de violencia y delitos cometidos en el conflicto. Solo así, con una justicia independiente se podrá llegar a la verdad, sancionar a todos los responsables y reparar a todas las víctimas.

Ramiro Orias Arredondo

Abogado y Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)