El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó que el uso “político y abusivo” de la detención preventiva por parte de jueces y fiscales se intensificó desde 2006, año  en que asumió el mando del país Evo Morales y el MAS. Abogados de diferentes procesados aseguraron que existe una impunidad para los operadores de justicia.

“En la práctica, las instituciones del sistema de justicia (Fiscalía y juzgados) no respetan los estándares legales sobre el uso restrictivo de la detención preventiva. Desde 2006, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha constatado un uso desmedido de esta medida cautelar en Bolivia, circunstancia que se refleja en los elevados porcentajes de privados de libertad”, dice en el apartado 3 del inciso “A” del capítulo 4 del informe del GIEI, sobre “Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”.

En el inciso,  los expertos también abordan la “Falta de la independencia en la administración de justicia” y “La instrumentalización del sistema de justicia para fines políticos”.

“El GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019 (entre septiembre y diciembre). El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”, precisa el documento.

El abogado Eusebio Vera citó casos emblemáticos como ejemplos de la afirmación del GIEI. “Tenemos los casos de represiones en La Calancha (en 2007, en Sucre, donde fallecieron tres universitarios), Caranavi (2010 con la muerte de dos jóvenes por la represión policial) y Chaparina (en 2011, los indígenas fueron golpeados por una supuesta agresión al excanciller David Choquehuanca)”, citó el jurista.

En  esos casos, se procesó a funcionarios y policías de rangos medios y se absolvió de culpa a ministros y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS). Otros procesos en los que se hizo evidente el sometimiento de jueces y fiscales por motivos políticos, con el uso arbitrario de las detenciones preventivas, fue el caso Terrorismo de 2009, cuando en un operativo policial  tres extranjeros fueron abatidos en el Hotel las Américas, Santa Cruz.

El objetivo de dicho juicio, según el abogado Gary Prado, era la desarticulación de los opositores al gobierno de Morales y de su entonces vicepresidente Álvaro García Linera. El caso fue cerrado en 2020, en el gobierno de Jeanine Añez, con la absolución de todos los procesados.

“Ahí tenemos también el caso Extorsión (2012, que involucró a abogados del Ministerio de Gobierno), así como el caso del ciudadano alemán Dirk Schmidt (2010), detenido preventivo por dos años en el penal de Palmasola y nueve más en su propio domicilio, por una falsa acusación de alzamiento armado, cargo que fue desmentido con documentos y todos los respaldos debidos, pero que costó la destrucción de una familia, sin que exista sanción para los jueces y fiscales que dieron lugar a la violación de derechos humanos y el debido proceso”, explicó Vera.

Pero uno de los mejores ejemplos sobre el uso “desmedido” de la detención preventiva y por motivos políticos,  por parte de los operadores de justicia, es el caso  del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien “anotó en un papel, con letra legible y buen trazo, los nombres de cada uno de los 84 jueces, 91 fiscales, seis policías investigadores y 32 técnicos del Fondo Indígena”, escribió en una columna de opinión el periodista Andrés Gómez.

El abogado de Aramayo, Héctor Castellón, detalló que en total el Gobierno del MAS inició 274 juicios contra su cliente. Sin importar los indicios que implicaron a los exministros de entonces, Aramayo es el principal señalado por el desfalco de al menos 170 millones de dólares al Fondo Indígena, acusación rechazada por el exdirector que se declaró inocente.

“Sus acusadores no lo perdonan haber identificado a miembros de la ‘reserva moral de la humanidad’ (indígena originario campesinos del MAS) como autores del latrocinio en el F-o-n-d-o  I-N-D-Í-G-E-N-A; entre ellos, Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural en el gobierno de Evo Morales”, concluyó el periodista Gómez.

Según el informe del GIEI, en la actualidad, el Gobierno, los fiscales y jueces incumplen al menos cinco criterios expresados en el documento,  en  procesos abiertos contra la expresidenta Añez, sus exministros y miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA). Entre ellos, la violación al debido proceso, la persecución penal por motivos políticos y en favor del gobierno de turno, el abuso de la detención preventiva y las imputaciones infundadas por delitos de sedición y terrorismo, vulneraciones cometidas por  operadores de justicia.

 Añez afronta tres procesos penales, el principal por el supuesto golpe, además que están pendientes cuatro proposiciones de juicio de responsabilidades.

• Silencio Ante las críticas que hizo el GIEI sobre la labor deficiente que cumplieron jueces y fiscales, las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General anunciaron varias acciones, en supuesto cumplimiento a las recomendaciones de los expertos, sin embargo, todas evitan tratar casos específicos sobre la violación al debido proceso en los casos abiertos  durante el gobierno de Jeanine Añez  y los  iniciados actualmente contra las autoridades de esa gestión.
• Situación Todas las autoridades del Órgano Judicial fueron elegidas en la gestión de Evo Morales, antes de 2019, pero según el GIEI todos demostraron ser funcionales a los gobiernos de turno, en desmedro de la credibilidad de la justicia.

 Punto de vista

Roger Valverde,  constitucionalista 

Quien denuncia a jueces y fiscales  es perseguido, le causan terror

Desgraciadamente, en la actual coyuntura, no tiene sentido presentar ninguna denuncia contra los jueces y fiscales que incumplen el debido proceso. No hay posibilidad de que alguna instancia del Órgano Judicial o del Estado verifique la vulneración de los derechos de los procesados y sancione a esos funcionarios.

Quiero subrayar esta idea, esos jueces y fiscales que están sometidos al interés político, al gobierno de turno, no merecen ser llamados juez ni fiscal, porque  destruye la administración de justicia, la estructura de un Estado democrático y de derecho, destruyen la seguridad jurídica. Esas personas no merecen administrar la  justicia en nuestro país.

Estas personas  no solo deben ser cambiadas, sino previamente  deben ser sancionadas para que los que vengan cumplan con la labor de manera adecuada. En este momento, al contrario, quien denuncia un acto de corrupción o una acción ilegal cometida por un juez o fiscal es perseguido y procesado.

Entonces la gente se ve sometida y estos señores causan terror a los que recurren en busca de justicia a los juzgados, a la Fiscalía y también a la Policía.

Lamentablemente, así como están las cosas, no sirve de nada denunciarlos, porque quien lo hace -al contrario- es atacado con más cargos en contra y debe permanecer detenido indefinidamente.