Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 30 de agosto de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Es atinada la
propuesta de “Acuerdo Nacional” formulada esta semana por Carlos Mesa y CC, no
solo con motivo del “Informe” del grupo de expertos, sino frente a la escalada
suicida de polarización y confrontación que está sufriendo el país.
El punto de partida
sería la viabilización de los juicios de responsabilidades por las muertes y la
violación de Derechos Humanos ocurridas a fines de 2019, cuya autorización
depende de 2/3 de la Asamblea Legislativa, para lo que CC plantea, básicamente,
el cambio del Fiscal General en 90 días y el cambio de la modalidad de
selección de postulantes a magistrados para las elecciones judiciales del 2023.
La propuesta mesista
de “Acuerdo Nacional” es oportuna, tiene aciertos, pero también imprecisiones,
omisiones y equivocaciones que deberían subsanarse: Las imprecisiones están en
el cambio de fiscal, en 90 días “a través de un mecanismo legal”, ya que la Ley
260 del Ministerio Público en su Art. 24 señala dos mecanismos claros:
destitución por sentencia en juicio de responsabilidades, o renuncia aceptada.
Enjuiciar ante la Asamblea para destituir al fiscal podría llevarnos años y
entonces hay que decirlo claro, sin imprecisiones, el acuerdo nacional debería
contemplar el pedido expreso de todas las bancadas, al Sr. Lanchipa, para que
dé un paso al costado renunciando, teniendo en cuenta, además, que su
permanencia ya es insostenible luego de que el informe del grupo de expertos
evidenció su incompetencia en las investigaciones fiscales de 2019. Sí, hay que
“reconstituir el Ministerio Público” y un primer pasó debería de ser la
elección parlamentaria por 2/3 de una persona idónea, independiente y proba en
un concurso de méritos y examen de competencia que sí, se puede y debe hacer,
incluso en menos de 90 días. La modificación de la Ley del Ministerio Público
para que también la Asamblea Legislativa designe a los fiscales
departamentales, parece prescindible, mucho más si un nuevo Fiscal General
independiente y probó será quien los nombre hacia adelante.
La notoria omisión
en la propuesta es la del restablecimiento inmediato de todas las “garantías
jurisdiccionales” que prevé nuestra Constitución en su Título IV, para todos
los enjuiciados, lo que no puede ser obviado o subsumido en el concepto general
del “debido proceso”, ya que se están cometiendo inaceptables atropellos
procesales contra la expresidenta Añez que tienen que acabar. Debe acordarse la
libertad de los detenidos (con medidas sustitutivas que impidan cualquier fuga)
y deberá respetarse el derecho a la defensa, al juez natural, a la presunción
de inocencia, a la integridad física y psicológica…
Y el equívoco grave,
de la propuesta de CC, es hacer depender los juicios de responsabilidades del
cambio de los magistrados supremos en las próximas elecciones judiciales de
fines de 2023. Mesa, tal vez sin darse cuenta, está proponiendo que el juicio
de responsabilidades recién se sustancie el 2024, de acá a dos años y medio,
cuando tengamos nuevos magistrados “electos por sufragio”, con una distinta
selección de postulantes por un “Comité Ciudadano” a crearse, ya sea vía
reforma constitucional o vía “ley de independencia judicial…”.
No pues Sr. Mesa,
hay 37 familias que han perdido a sus seres queridos y que claman justicia, hay
centenares de heridos que exigen reparación, pero además está en curso la
muerte civil de la expresidenta Añez. Nadie puede esperar al 2024, como ya lo
propuso equivocadamente el ministro Lima el pasado 19 de agosto afirmando que
“todos los juicios de responsabilidades en la etapa preparatoria duran incluso
dos años (…) y para este juicio ya habremos elegido nuevos magistrados…”.
El argumento de CC
es que el actual Tribunal Supremo no es confiable. Claro que no lo es y, por
ello, hace dos semanas, en este mismo medio, propuse que para el enjuiciamiento
de la expresidente Añez, a tiempo de restablecer sus derechos jurisdiccionales,
se designe una comisión parlamentaria de veeduría del juicio o que se pida esa
veeduría a Naciones Unidas para que siga paso a paso las actuaciones de los
jueces supremos, cuyo rol no comienza, como piensan Mesa y Lima, después de la
“etapa preparatoria” a cargo del Fiscal General, sino que su sala penal oficia
todo el tiempo, desde la formulación del dictamen acusatorio, como juez de
control jurisdiccional, que dispone la libertad de los acusados imponiendo
medidas sustitutivas, que resuelve los incidentes y excepciones, que recibe la
prueba anticipada, que controla plazos y que preserva los derechos
constitucionales de las víctimas y de los procesados impidiendo los abusos del
propio fiscal y de los investigadores.
Pero la propuesta de
CC es perfectible. Ojalá en esa dirección responda el gobierno y el resto de la
oposición, callando a algunos de sus portavoces radicales que ya la han
descalificado. Es la intolerancia y la falta de propuesta lo que más bien está
descalificando a los políticos.
Juan Del Granado es abogado, fue parlamentario y alcalde de La Paz.



