El manifiesto, leído por un activista y aprobado por aclamación por los participantes, estableció "declarar a partir de ahora dictador a Evo Morales". Además, trabajar para "polarizar dos tipos de Bolivia, la Bolivia que defiende la democracia y la Bolivia que apoya la dictadura".

En el Congreso participaron el exdefensor del Pueblo y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín; el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Guido Mitma; y otras autoridades y figuras públicas, además de representantes de colectivos ciudadanos de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Oruro, Beni, Pando y de El Alto. 

Este evento de las plataformas ciudadanas se realizó después de que un grupo de bolivianas acudiera al Vaticano el día en que Toribio Ticona fue ordenado cardenal, vistiendo poleras con la inscripción de "Bolivia dijo  No", luego que concluyera el acto protocolar de consagración a cargo del papa Francisco.

También aprobaron realizar "movilizaciones en los nueve departamentos del país cada 21 de mes", además "vestir la polera del 21-F, con el 'Bolivia dijo No', todos los sábados y embanderar las casas con la tricolor y el 21-F", para coordinar estas iniciativas, determinaron elegir a representantes de cada plataforma ciudadanas. Asimismo, anunciaron una marcha (operación Sicurí), que "se iniciará el 1 de octubre desde Caracollo, Oruro, y prevé llegar el 10 de ese mes a la sede de  Gobierno" exigiendo el respeto al 21-F. Pidieron al Órgano Electoral pronunciarse sobre los resultados del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a la repostulación de Morales.

De la misma forma, aprobaron “no permitir la electoralización, mientras no se defina que Evo Morales no sea candidato el 2019". Además, realizar juicio de responsabilidades por no cumplir la Constitución Política del Estado, contra el presidente y otras autoridades por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

La ministra de Comunicación, Gísela López, señaló: “Dicen que reclaman Estado de derecho, pero quieren volver al Estado de derecha. Es incoherente denunciar dictadura cuando hay pleno ejercicio de los derechos políticos. Por ejemplo, esos autodenominados colectivos ejercen libremente su derecho a la libertad de expresión (aunque incluso llegan a la difamación).

Lo paradójico, afirmó López, es que denuncian dictadura los que se oponen al derecho más democrático, el derecho del presidente y otras autoridades a postularse y el derecho del pueblo a elegirlos. En realidad, son esos grupos los que muestran una actitud dictatorial, quieren imponer su capricho.Denunciar dictadura, siendo derechista y racista, es una impostura”.