El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó ayer que el informe de la Contraloría —que desconoce la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019— será remitido este lunes a ese organismo internacional.

La autoridad también anunció que en los siguientes días se organizarán jornadas de “aclaración democrática” para rebatir que en 2019 hubo fraude.

“Este informe va a ser enviado mañana a la OEA para que sea objeto de respuesta. Queremos que nos respondan al informe, que nos respondan qué pasó; es lo primero que vamos a hacer. Lo siguiente es realizar naturalmente las jornadas para aclarar efectivamente, acta por acta, lo que ha ocurrido”, manifestó Chávez en entrevista con BTV.

La autoridad informó que se revisarán cada una de las 35.000 actas del proceso de 2019 e indicó que éstas están digitalizadas en el Órgano Electoral.

“Ratifico lo que ayer dije en una conferencia de prensa, hacemos un desafío abierto a todos quienes han mencionado que había fraude electoral, a esos líderes de la oposición que se lavan la boca diciendo que fraude aquí, fraude allá. Vamos públicamente a revisar acta por acta. Lo que no ha hecho la OEA, vamos acta por acta. Las actas están digitalizadas por supuesto en el Tribunal Electoral”, expresó.

Chávez reiteró que “no hubo” auditoría de la OEA al proceso electoral porque no se especificó las normativas de auditoría electoral usadas en su trabajo; además, enfatizó que el organismo concentró su análisis principalmente en el TREP en desmedro de cómputo oficial y que se incumplió la fecha y la forma de publicación de su investigación.

“No ha existido auditoría al cómputo electoral por parte de la OEA, lo que ha existido es un informe de análisis de integridad electoral, que no ha sido jamás pactado por el Estado y, por tanto, no podía ser vinculante en ningún efecto para los bolivianos y bolivianas”, manifestó.

No obstante, en el acuerdo firmado entre el entonces canciller Diego Pary y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 30 de octubre de 2019, se hace referencia al trabajo que debía hacer el equipo de auditores como un “análisis de integridad electoral”. En el mismo documento se indica que el resultado del trabajo tendría un carácter “vinculante” que el Gobierno desconoce.

En su informe final el organismo señaló que se constató la quema de un número “incierto” de actas y más de 13.100 listas índice de electores. Asimismo, indicó que “se comprobó la transferencia de imágenes desde el servidor primario BO2 del TREP hacia el servidor de aplicaciones y publicador que alimentaba el Cómputo Oficial” del proceso.

• Invitación  El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary envió una carta a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que hace extensiva la invitación “para que se realice una auditoría al proceso electoral de esa gestión, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.
• Actas Los auditores revisaron una muestra de 4.692 actas y e identificaron irregularidades en 226, además de otras falencias en el proceso.
• Auditores  El equipo que realizó la auditoría estuvo integrado por 36 especialistas , entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía  y otros.