La bancada de Somos Pueblo denunció que dos asambleístas —que son de la facción política del gobernador de La Paz, Santos Quipe— tienen familiares y ocupan cargos jerárquicos en el Ejecutivo departamental. Además observan el hecho de que no existe meritocracia en el nombramiento de colaboradores.
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El asambleísta Israel Alanoca indicó que al parecer “todo queda en familia” en la gestión de Santos Quispe.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe. / Foto: Archivo.
La bancada de Somos Pueblo denunció que dos asambleístas —que son de la facción política del gobernador de La Paz, Santos Quipe— tienen familiares y ocupan cargos jerárquicos en el Ejecutivo departamental. Además observan el hecho de que no existe meritocracia en el nombramiento de colaboradores.
Las declaraciones juradas señalan que las ciudadanas Beatriz Churata y Cintya Chipana fueron contratadas como funcionarias en la administración del departamento. La primera fue contratada el 11 de mayo y la segunda el 19 de julio. Ambas son hermanas de los asambleístas Ramiro Churata y Maribel Chipana, respectivamente.
El legislador regional de Somos Pueblo Israel Alanoca dio a conocer que Churata es directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), y que Chipana es representante de la Gobernación de La Paz en la ciudad de El Alto.
“Esto muestra un claro conflicto de intereses y falta de meritocracia, ya es conocido el caso de la esposa de Santos Quispe, la señora Ana Salgado. Beatriz Churata funge como directora del Sedeges y es hermana del asambleísta Ramiro Churata, que está en la Comisión de Desarrollo Humano. La asambleísta Maribel Chipana tiene a su hermana Cintya Chipana como representante de la Gobiernación en El Alto. Entonces, ¿cómo van a fiscalizar a sus familiares? Hay un claro conflicto de intereses”, señaló.
Alanoca manifestó que este hecho muestra con claridad que los asambleístas no podrán cumplir de manera imparcial su labor de fiscalización. Asimismo lamentó que en la gestión de Quispe no existe la meritocracia a la hora de nombrar funcionarios, porque un ejemplo es que al renunciar Leyla Castro a la Secretaría de Culturas y Turismo, le dejó el cargo a su tío, Willy Castro.
“Aparentemente todo queda en familia, se repiten las malas mañas de políticos que antes eran repudiadas. Lamentamos que se maneje la Gobernación de La Paz de esta manera, porque al no haber personas con capacidad de hacer gestión publica en cargos altos, el departamento continuará postergado”, manifestó.
Cuando se informó el hecho, el Gobernador justificó el nombramiento porque la familia Castro ayudó en la campaña con músicos y tarimas. “No hay que ser malagradecido, hay que también reconocer a las personas”, indicó.
La asambleísta de Somos Pueblo Samantha Nogales calificó este hecho de vergonzoso, porque con este tipo acciones se perjudica al departamento. Asimismo, cuestionó la actitud de Santos Quispe, quien pone en cargos jerárquicos a personas que no tienen experiencia en la administración pública, sólo porque le ayudaron en su campaña y lo admite de “manera descarada”.
“Es vergonzosa la actitud del gobernador Quispe, los cargos ejecutivos no los están ocupando personas con capacidad meritocrática. Es vergonzoso que el señor Quispe diga que porque la familia Castro le ayudó con tarimas, le pertenece al tío el cargo que dejó la sobrina”, cuestionó.
Página Siete Digital se comunicó con la Unidad de Comunicación de la Asamblea Departamental para solicitar el contacto de los asambleístas Churata y Chipana, con el fin obtener la contraparte. En una primera instancia indicaron que iban a pedir autorización para facilitar sus números, luego, en una segunda llamada, señalaron que estaban de viaje y que no tenían autorización para compartir sus contactos.
Contraloría pide normar incompatibilidad de funciones
En documento remitido en mayo, la Contraloría pide a la Asamblea Departamental de La Paz normar el tema de incompatibilidad de funcionarios cuando existen conflictos de interés. Esto en referencia a que legisladores tiene a autoridades en cargos del Ejecutivo departamental.
“Trasladar a conocimiento de la Asamblea Legislativa Departamental, tanto la denuncia como el presente informe para su respectivo tratamiento, tanto para considerar una regulación específica sobre la imposibilidad material de fiscalización por un cónyuge y/o pariente a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, así como pronunciarse sobre la viabilidad o no de la suspensión de la autoridad electa que debe cumplir labores de fiscalización”, detalla el escrito.
Alanoca afirmó que tras recibir este informe, como bancada de Somos Pueblo trabajarán en un reglamento para que los asambleístas que tiene familiares en el Ejecutivo sean apartados de los procesos de fiscalización de sus parientes, puesto que hay un conflicto de intereses que les impide realizar su labor de manera imparcial y transparente.
