La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, organización que se gestó en el año 2001 para asumir la defensa de los territorios ancestrales de seis naciones indígenas: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona, emitió un pronunciamiento en el que rechazan los proyectos de las hidroeléctricas Chepete y El Bala. 

En el documento recordaron al Gobierno nacional que en 2016 se lideró la vigilia en rechazo a la construcción de estas hidroeléctricas, y lamentaron la reactivación de los proyectos, "que cercenará tres ríos", vitales para la existencia de estos pueblos. Se trata de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey.

El documento tiene cuatro puntos. En el primero exigen al Gobierno el respeto por la autodeterminación de los pueblos, expresada en noviembre de 2016, "con el rechazo contundente" a los megaproyectos hidroeléctricos Chepete y El Bala. 

Le recordaron la instalación de una masiva vigilia que duró 12 días y que "logró la expulsión de las empresas Geodata y Servicons, que habían iniciado trabajos y estudios en los territorios sin cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y de buena fe, para el consentimiento de los pueblos".

En el segundo punto insistieron en que ya hubo una denuncia presentada al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, en abril de 2018, y en que dicho foro recomendó al Estado boliviano “establecer mecanismos y procesos de diálogo y consulta amplios con los pueblos indígenas, para que estos puedan ejercer sus derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.

Como tercer punto, los firmantes denunciaron que el Gobierno está modificando los procedimientos de CLPI, tomando en cuenta solo a grupos afines al MAS para la obtención de la firma del convenio “puesta en marcha” de dichos proyectos. "Solo firman siete personas a título individual, y los habitantes de nuestros pueblos a ser directamente afectados no hemos sido consultados", dijeron. 

Los firmantes recordaron que en el encuentro de instituciones del Gobierno con pueblos indígenas del departamento de La Paz, realizado del 9 al 10 de julio de este año, en Tumupasa, la firma de dicho acuerdo fue rechazada, y no se puede tomar como Consulta Libre Previa e Informada.

En el cuarto y último punto, llamaron al pueblo boliviano a impedir que siga el endeudamiento con proyectos cuyo Estudio de Identificación no ha sido difundido por el Gobierno, tampoco el Estudio a Diseño Técnico de Pre-inversión (EDTP), "que debió ser entregado en octubre 2017", y menos aún estudios comparativos con otros proyectos de energía alternativa, y costos de oportunidad. 

"A la fecha, dicho proyecto ha costado al país alrededor de 15 millones de dólares, sin dejar algún beneficio visible para la región. Basta de prebendalismo político a costa de los bolivianos y de los pueblos indígenas, que queremos vivir en paz y libertad en nuestros territorios", finaliza el pronunciamiento.

Álex Villca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), dijo que este es un tema muy delicado para los pueblos indígenas que serán los grandes afectados, "por supuesto no es el caso de los que dirigen la Central de Pueblo Indígenas de La Paz (Cpilap)", apuntó.