Aunque los partidos políticos se pasaron la campaña de 2020 diciendo que las ideologías han muerto y que a la gente lo que le interesa es que los políticos resuelvan sus problemas, y que, para ello, como dicen los expertos, no hay que definirse políticamente sino convertirse en “buen tipo”, en “alguien confiable” o en alguien “suficientemente pendejo como para salvarnos”, lo cierto es que Luis Arce ganó la elección de largo con una sola propuesta, y muy de izquierdas: el impuesto a los ricos.

La trascendencia de la medida en términos económicos es casi irrelevante, aunque se ha implementado y obtenido incluso mejores resultados de los previstos, pero en términos políticos resultó una bomba en campaña por diferentes motivos, pero sobre todo porque cambió el paso a una confrontación – la de la lectura de los hechos de 2019 – que sin embargo se ha vuelto a reproducir en este primer año de gestión.

El MAS del Gobierno nunca estuvo en el progresismo, pero además había ido apartándose cada vez más de las líneas izquierdistas más asentadas en el país y que tienen que ver con el nacionalismo emenerrista desde el antiimperialismo sudamericano más clásico, es decir, el camino de las nacionalizaciones, de la industrialización y del indigenismo cultural de la sociedad comunal, que no comunista. La derrota en el referéndum y la caída en la elección de 2019, junto a la nula reacción de los movimientos sociales hasta la caída de Evo Morales pareció abrir una reflexión sobre la identidad del movimiento, que prácticamente había proscrito la palabra izquierda y confundido su accionar entre entregas de bonos, obras, y promesas de proyectos millonarios que azuzaban más la ambición que la solidaridad de clase.

El impulso de la campaña parece haberse quedado ahí nomás, y el Gobierno de Luis Arce, ya alejado de los estrategas de campaña, siempre más afinados en lo que puede dar votos o no, ha preferido instalarse en la comodidad del Gobierno popular resolviendo problemas a corto plazo: entregas de bonos, vacunas, etc., que en abordar reformas a mediano y largo plazo que profundicen mecanismos de solidaridad y equidad fiscal.

El MAS ha entendido perfectamente a las clases populares desde su fundación en los años 90, lo que le ha permitido construir una hegemonía política incontestable que todavía da frutos electorales, pero parece empezar a desconectarse de sus hijos, de las nuevas clases urbanas igualmente populares, pero más aspiracionales, que no solo buscan reconocimiento identitario, sino también un Estado que resuelva sus problemas y achique las brechas económicas.

La experiencia de campaña le fue bien y no debería tener miedo en profundizar otras reformas de calado, más aún en un momento de profunda crisis económica, social e incluso moral, en el que la población está esperando acción, no silencios. El tiempo corre.