En un artículo anterior destacamos varios aspectos del Informe presentado por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI), enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como sus cuestionamientos al uso desmedido de la detención preventiva, la falta de independencia de la justicia y la persecución política a través de procesos penales, así como su análisis del contexto previo a los conflictos que remarca el incumplimiento del mandato del 21F.

A estos elementos positivos pueden agregarse la exhortación a esclarecer las quemas de los domicilios de Waldo Albarracín y Casimira Lema, así como el incendio de los buses Puma Katari, donde el Grupo ve el accionar de una “organización criminal”. Sin embargo, el Informe también contiene una serie de debilidades que pasamos a enumerar.

Omisiones fácticas: el documento no incluye una serie de hechos fundamentales para la interpretación de los conflictos. Por ejemplo, aunque se menciona al ciudadano argentino Facundo Molares, detenido en relación a los asesinatos del Puente de la Amistad, se omite el dato clave de que formó parte de las FARC. En párrafos siguientes, se desestima con ligereza la tesis inicial de la Fiscalía sobre la actuación de un grupo guerrillero en esos sucesos.

En el relato histórico de la crisis, no se incluye el pedido de renuncia de Evo Morales hecho por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dejando el tema de las peticiones de renuncia como un asunto militar y policial. También se omitieron hechos significativos, como la quema de la casa y el vehículo del exsubgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, a manos de grupos afines al Movimiento Al Socialismo. De igual manera, se ignoró la quema de 22 motocicletas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Omisiones testimoniales: el Grupo no se entrevistó con actores clave, como la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal. Es realmente inexplicable que esa misión no hubiera buscado la versión de la representante de la principal institución de DDHH del país, con una larga trayectoria en el tema. Del mismo modo, se omitió buscar el testimonio de la mayor coordinadora de entidades de la sociedad civil del oriente boliviano, como es el Comité Pro Santa Cruz.

Sesgos ideológicos: a lo largo del documento se hacen evidentes ciertos sesgos ideológicos, tanto en la visión sobre las “narrativas de odio racial”, que son interpretadas de manera unidireccional, como en la asimetría con que se considera “grupo de choque” a la RJC, pero se ve con extrema candidez a los sindicatos cocaleros del Chapare. Esta inclinación tal vez pueda explicarse por el perfil de algunos integrantes del Grupo, como Patricia Tappatá, exalta funcionaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG que había calificado lo sucedido en Bolivia como un “golpe de Estado”. Está claro que Tappatá, por este antecedente, debió haberse excusado de participar en la misión.

Debilidades metodológicas: el Grupo se expide de manera concluyente sobre Senkata, afirmando que todos los disparos a fallecidos y heridos vinieron de policías y militares, basándose en datos de planimetría y geoposicionamiento mencionados por la Fiscalía. Sin embargo, observa que hasta el momento está pendiente la realización de una reconstrucción de escena y que faltan los peritajes del Instituto de Investigaciones Técnicas de la Universidad Policial (IITCUP) sobre los casquillos de bala recogidos en la Planta de Senkata. Teniendo en cuenta lo incompleto de los peritajes, la interpretación del GIEI debió ser solamente preliminar.

A estos cuatro grandes grupos de problemas que se advierten en el Informe, se pueden agregar las falencias en cuanto a los mecanismos de seguimiento propuestos, de carácter bilateral entre la CIDH y el Estado boliviano, sin incluir a otros actores. Aquí debió tomarse en cuenta la experiencia del GIEI de Nicaragua, donde, ante el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega, se estableció un mecanismo de comunicación y diálogo permanente entre la CIDH y organizaciones de la sociedad civil de ese país.