¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el Gobierno del MAS para intentar borrar el fraude electoral de octubre de 2019 y suplantarlo por su fantasía de “golpe de Estado”?

La pregunta –pertinente desde hace nueve meses, cuando el oficialismo comenzó a aplicar su estrategia de propaganda dirigida a imponer su mentira– recobra fuerza después de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA ocurrida el miércoles, donde los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia, además del embajador boliviano ante ese organismo internacional, insistieron en que no hubo fraude en las elecciones de 2019 y denunciaron la “injerencia” y los “discursos de odio” del Secretario General de la OEA en los asuntos internos del país.

Ellos protestaron contra el comunicado que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de ese organismo, emitió el 9 de agosto ratificando que hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas.

Ese comunicado era una especie de respuesta al informe del cuestionado estudio encargado por la Fiscalía General del Estado a tres consultores de la Universidad de Salamanca, y que sirvió de argumento para cerrar el juicio del caso de fraude electoral.

“Comparar el arduo trabajo de (los 92 expertos y observadores de la OEA) con reportes deficientes y sesgados representa un lamentable intento por cambiar la realidad. (...)”, asegura el funcionario internacional que dirigió el análisis de integridad electoral realizado en el marco de un acuerdo vinculante firmado en octubre de 2019 entre el Gobierno de Bolivia, presidido por Morales, y la OEA.

Es la violación de ese acuerdo que denuncia el Ministro de Justicia, porque la OEA publicó un informe preliminar de su análisis el 10 de noviembre, entonces el país ya llevaba 20 días paralizado por las protestas contra el fraude. Pero según el Ministro, el informe “fue el detonante de una gravísima convulsión social y el argumento para que las FFAA sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolide un ‘golpe de Estado”.

Sólo los gobiernos de Nicaragua, Argentina y México apoyan la posición del boliviano. Para el Secretario General de la OEA, el asunto es simple: “Debe pensarse entonces –para dar certeza a la interpretación del acuerdo de 2019– en una instancia internacional que aplique las normas del orden jurídico internacional”.

Así, el próximo paso del embuste del MAS para borrar el fraude de 2019 tendría que llegar a una instancia internacional de dimensión mundial. Eso llevará tiempo, implicará recursos del Estado y aún más descrédito, dentro y fuera del país, para el Gobierno de Arce.