La reforma judicial es un tema del que nos ocupamos bastante en este espacio y la coyuntura vuelve a poner en tapete de discusión.

Si hay un punto del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en el que todos los bolivianos sin excepción pueden coincidir, es en el diagnóstico que hicieron de la justicia boliviana, de la que observaron cuatro graves problemas que solo se resolverán con una profunda reforma del sistema de justicia boliviano, a estas alturas convertido en una de las instituciones más criticadas de la historia nacional.

Esos cuatro problemas señalados por el GIEI son: 1) Falta de independencia de la administración de justicia; 2) Ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; 3) El uso abusivo de la prisión preventiva y 4) Los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

En su evaluación, los expertos recomiendan que el Estado boliviano debe implementar reformas profundas en su sistema de justicia a fin de garantizar que la Judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso en los procesos penales y no como una deleznable conducta general.

Y, por último, los expertos advierten que si bien este balance de la justicia se desprende de los casos referidos y que acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, las falencias identificadas son un problema estructural en el país.

Si el Gobierno de Luis Arce cree en el informe del GIEI, que incluso utilizó políticamente en los acápites referidos a las masacres de Sacaba y Senkata, también debe creer en el conjunto del documento y en particular en este dramático diagnóstico de la justicia boliviana.

El presidente Luis Arce debe entrar en conciencia de que, para mantener una hegemonía política con características democráticas y legítimas del poder —que, al final, es lo que persiguen los políticos cuando lo detentan— debe convivir con un sistema judicial independiente, que no sea el brazo legal/represor ni esté a su servicio.

Lo contrario, es decir mantener el actual sistema judicial sumiso a las órdenes del ministro de Justicia o de Gobierno, o cambiarlo por otro igual de controlado por ellos, significará apostar por una hegemonía del poder a lo Cuba, a lo Nicaragua o a lo Venezuela, donde la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes se han perdido hace mucho tiempo.

Es decir, Luis Arce debe controlar el Poder Ejecutivo y hasta puede controlar el Legislativo, porque el mandato de sus integrantes emana del voto popular, pero debe dejar que el Poder Judicial trace su propia ruta institucional, lejos de la influencia política de los partidos gobernantes de turno.

Ya libre de la influencia de otros poderes del Estado, y, consiguientemente gozando de la tan necesaria independencia, el poder u Órgano Judicial recién estaría en condiciones de encarar una reforma que, como se sabe desde estas latitudes, no debe ser solo de forma sino también de fondo. Eso significará un reinicio, porque está visto —y los organismos internacionales ya lo han notado— que todo cuanto se ha hecho en los últimos años para cambiar la justicia ha fracasado estrepitosamente.

Hay que comenzar de nuevo y, para ello, utilizando la terminología jurídica, es preciso retroceder hasta el vicio más antiguo.