El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la cuarta proposición acusatoria en contra de la exmandataria Jeanine Añez para juicio de responsabilidades por las muertes de Senkata y Sacaba. El Ministerio de Gobierno expresó su conformidad con el juicio a Añez y aseguró que sería una pérdida de tiempo y un gasto de recursos el abrir una investigación contra el expresidente Evo Morales por los hechos luctuosos en 2019, antes de que renuncie a la Presidencia.
 
“Se ha dispuesto la remisión a la ALP del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con los fines de que la ALP pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Añez”, informó el presidente del TSJ, Ricardo Torres.
 
Explicó que se hizo la remisión del requerimiento acusatorio de la Fiscalía y el informe que emitió la Sala Penal, que es parte de las formalidades a cumplir dentro de una etapa de pre-juicio, y será la ALP la que autorice o no el inicio de juicio de responsabilidades contra Añez.
 
En la acusación, la Fiscalía responsabilizó a Añez por los presuntos cargos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte, debido a los 20 muertos y heridos en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Sin embargo, la tipificación de “genocidio” va contra los criterios y recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e incluso Human Rights Watch (HRW) la calificó de “disparate” a dicha figura legal interpuesta contra la expresidenta.
 
Asimismo, Torres informó que es la cuarta proposición acusatoria enviada a ALP en contra de Añez, los anteriores casos tienen que ver con la aprobación de un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ampliación del contrato con Fundempresa y la vulneración de los derechos de la libertad de expresión durante la pandemia.
 
Señaló que la ALP tiene sus tiempos para tratar este tema con base en las facultades y competencias que le confiere la Constitución Política del Estado (CPE).
 
Al respecto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que con esta nueva proposición contra Añez suman 22 los requerimientos acusatorios para juicio de responsabilidades, pendientes a analizarse en el Legislativo.
 
“Mucho depende de cómo se procede, por parte del Tribunal como del Ministerio Público, la entrega del informe hacia la Comisión (Mixta de Justicia Plural) y la Comisión ante la Asamblea y va a depender de nuestro presidente de la ALP. Primero los 21 pendientes tienen que agotarse. En todo caso la Comisión está trabajando en ello, y esperemos que esto ya este con una clara figura hasta mediados de septiembre y de manera inmediata pueda procederse lo último (el caso Senkata y Sacaba)”, explicó Rodríguez.
 
Pérdida de tiempo

El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reconoció que tanto en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez se vulneraron derechos humanos en 2019, pero dijo que Morales no tuvo una participación activa en hechos luctuosos, a diferencia de Añez que emitió el Decreto Supremo 4078 para dar “licencia (a militares) para matar al pueblo boliviano”.
 
Consultado si se investigará a Evo Morales, Del Castillo respondió “se puede investigar a cualquier ciudadano sobre cualquier hecho, sin embargo, creo que vamos a gastar tiempo, vamos a gastar recursos del pueblo boliviano generando una investigación con fines políticos”.
 
Ante esas declaraciones, el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, calificó a Del Castillo como un “ministrillo” y la encarnación del exministro Arturo Murillo en el gabinete del presidente Luis Arce.
 
“Lamentable que el ministro Del Castillo se refiera a investigaciones políticas y que es imposible que se lo investigue a don Evo Morales porque es una pérdida de tiempo”, cuestionó.
 
El parlamentario lamentó que el Ministro de Gobierno no esté enterado de que Morales quiso quemar la ciudad de La Paz e instruyó un cerco a las ciudades para matarlas de hambre en 2019, por lo cual, también debe ser investigado.
 
Gutiérrez señaló que las declaraciones de Del Castillo solo refleja el odio que tiene a los bolivianos que no son del Movimiento Al Socialismo (MAS).
 
En los últimos tres meses de 2019 al menos 37 personas perdieron la vida a causa de la violencia desatada por la fuerte crisis política. Desde el MAS se enfatiza en discursos para atribuir todas las víctimas fatales a la expresidenta Jeanine Añez, aunque según la cronología de los hechos, 15 fallecieron antes de que ella asumiera el mando del país.
 
El informe del GIEI halló responsabilidades del gobierno de Añez por las masacres de Sacaba y Senkata que dejó 20 fallecidos; además señaló dos hechos en los que otras dos personas fallecieron durante su gestión. Otras 10 personas perdieron la vida por hechos suscitados durante el vacío de poder y cinco fallecieron durante la violencia en el gobierno de Evo Morales. Parlamentarios de oposición exigieron que Evo Morales también sea procesado por esos hechos en su gestión.