Instituciones de orden mundial de expertos en materia de derechos humanos y democracia (CIDH y GIEI) remitieron al Estado boliviano sendos documentos, que se suman a otros -OEA, Europarlamento- en la misma línea, pronunciándose sobre las consultas que les fueran hechas, el primero por Colombia, en tanto garante de la Constitución Política vigente desde 2009, respecto a si la reelección indefinida puede ser considerada como un derecho humano y, el segundo, a instancias del gobierno constitucional transitorio de la expresidenta Janine Áñez, sobre los hechos acontecidos durante el periodo transcurrido entre las elecciones de octubre de 2019 y los primeros días del gobierno de transición.

El de la CIDH puso fin a la patraña que el señor Morales Ayma y sus corifeos habían ideado para habilitar a éste como candidato no obstante la propia CPE y, doblemente contundente, la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, le negaran tal pretensión. La opinión consultiva de carácter vinculante cayó como un mazazo sobre el oficialismo que, por un momento, quedó aturdido.

Pero, como confiando en que el del GIEI resultara favorable a su ocurrencia de “golpe”, generando una especie de “empate técnico” entre uno y otro –incluso, el portavoz presidencial adelantaba “sorpresas” adversas para “gobierno de facto”, cosa extraña porque el documento estaba ya en manos del Gobierno- intentó minimizar el alcance del primero. Como se sabe, el informe del GIEI reparte responsabilidades, casi a partes iguales a los dos gobiernos del periodo mencionado.

Si bien el objeto de consulta es diferente, ambos coinciden en que el hecho desencadenante de todo lo sucedido posteriormente es el del incumplimiento, por parte del régimen de Morales Ayma, del mandato emergente del 21-F, es decir de la imposibilidad de postular al jefazo para los comicios de 2019. Éste y otros elementos señalados en uno y otro dictamen asfaltan el camino para poder enjuiciar a Morales Ayma tanto en caso de corte como por la vía ordinaria (varias acciones de sus seguidores, a instancias suyas, ocurrieron cuando ya no fungía como Presidente).

Enterado de esto, cual matoncito engreído, un encolerizado jefazo volvió a desbocarse para hacer gala del control que ejerce sobre los operadores de justicia y de otras instancias del Estado, espetando frases como “vengan de donde vengan procesos, vamos a seguir ganando”.

Este tipo de displicencia ante la posibilidad de ser juzgado es análoga a la del gánster Al “Scarface” Capone quien, con su banda de sicarios, aterrorizaba a la ciudad de Chicago. Morales Ayma hace alarde de su poder y desafía a la ciudadanía a que lo enjuicie, seguro de que ningún proceso en contra suyo prosperará -se jacta precisamente de que nunca lo hizo- y vuelve a amenazar con hacer arder Chuquiago.

Capone tenía bien aceitadas a varias autoridades lo que le permitía pavonearse ante cualquier insinuación de juicio en su contra. Hasta que, por obra de un grupo federal de investigación, conocido como “Intocables” debido a una mala traducción de “untouchables” (intachables, insobornables) consiguió llevarlo a estrados judiciales. Durante el juicio, Capone sigue mostrándose socarrón y amenazante pues sabe que el jurado ha sido comprado para declararlo inocente. Enterado de esto, el juez opta por cambiar de jurado y Capone es hallado culpable y es condenado a 11 años de presidio.

Morales Ayma, “el jefazo” para los amigos, no debería estar tan seguro. Una de las recomendaciones del GIEI es, precisamente, el cambio de los actuales operadores. Y en un escenario con gente proba en la administración de justicia, lleva las de perder.